El Pleno del Ayuntamiento ha dado luz verde a la aprobación inicial del Plan de Reforma Interior (PRI) del ARI-ZF-01 Zona Franca-Loreto, paso de suma importancia para el desarrollo del proyecto de Navalips.
“Es bueno para la ciudad”, celebró la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, en su intervención, algo en lo que han coincidido tanto Óscar Torres y José Ramón Ortega, por parte del PSOE, como Carlos Paradas.
No obstante, el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana advirtió de que la formación la formación apoya esta operación urbanística, pero sin que ello vaya en detrimento del espacio destinado al uso industrial del polígono exterior de Zona Franca, que impulsa junto al Gobierno de la Nación, por medio de Sepides, y el Ayuntamiento, la construcción de los pisos. “Hasta Navalips sí, desde Navalips no”, resumió, para, acto seguido, anticipar el debate en torno al régimen al que se podrán acceder a los nuevos inmuebles.
Al respecto, Paradas defendió que “no se pueden vender este tipo de viviendas por 200.000 euros, porque eso no casa con el discurso del equipo de Gobierno de la inclusión social”, y planteó que Procasa o la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) asuman el 50% de las más de 800 viviendas previstas para incorporarlas al parque público y dar respuesta a la necesidad de colectivos vulnerables con alquiler público.
Ortega, que aprovechó para reivindicar “la paternidad” socialista del proyecto, eludió entrar en esta cuestión, pero insistió para recordar que, originalmente, el espacio estaba reservado para una plaza de toros multiusos y ahora, agregó Torres, servirá para que se edifiquen “800 hogares”.
El alcalde, Bruno García, por su parte, afeó la intervención de Paradas, y consideró “detalles en los que no se quiere enredar” si la totalidad de los pisos son gestionados por iniciativa privada, siempre que la mitad sean de protección oficial, porque da respuesta al principal problema de Cádiz, el acceso a la vivienda.
En este sentido, Sanjuán remarcó que la Junta de Andalucía impulsa 400 viviendas en Matadero, Cerro del Moro o Puntales y el Ayuntamiento, otras 106, priorizando el alquiler social.
