La sentencia que debe dictar la Audiencia de Sevilla sobre la pieza política del caso de los ERE, después de que el Constitucional le ordenara emitir un nuevo fallo al conceder amparo a algunos de los condenados, está pendiente de que se aclare qué magistrados deben integrar el tribunal que debe pronunciarse.
El órgano de garantías estimó parcialmente el pasado verano los recursos de los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán contra sus condenas por prevaricación y malversación, respectivamente, y ordenó al tribunal sevillano dictar un nuevo fallo "más respetuoso con los derechos fundamentales infringidos".
El denominado 'procedimiento específico' por el fraude en los Expedientes de Regulación de Empleo de Andalucía fue juzgado y sentenciado por tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, y actualmente solo uno de ellos -una de las juezas- permanece en este tribunal de la capital andaluza.
Jubilación y traslado
Según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de esos tres magistrados, el presidente y ponente de la sentencia de los ERE se encuentra en situación de jubilación, mientras que la segunda de las magistradas solicitó un traslado a la Audiencia de Alicante.
Tras la sentencia del Constitucional -que otorgó mayoritariamente amparo a algunos procesados por considerar que fue vulnerado su derecho a la legalidad penal- y a raíz de la jubilación del ponente de la sentencia de la Audiencia de Sevilla, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, acordó el pasado 8 de julio que este asunto -el dictado de una nueva sentencia- fuera decidido por las otras dos magistradas que asistieron a la vista.
Para ello, se autorizó a una de esas dos magistradas -la destinada en la Audiencia de Alicante- formar parte del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que debe emitir el nuevo fallo de acuerdo al pronunciamiento del Constitucional.
No obstante, el presidente de la Audiencia de Alicante remitió el pasado 3 de octubre un escrito donde indicaba que la referida magistrada está en situación de "excedencia voluntaria" en la carrera judicial desde el 22 de julio.
Consulta urgente al CGPJ
Por este motivo, la Sala de Gobierno del TSJA ha decidido este mismo martes consultar de forma urgente al Consejo General del Poder Judicial para que determine si la situación de excedencia voluntaria de esta magistrada excluye la autorización ya concedida o, por el contrario, debe formar parte del tribunal en virtud de la aplicación del artículo 194 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En concreto, pregunta si esta circunstancia no excluye la habilitación y autorización de actuación ya concedida para integrar el tribunal o, por el contrario, es aplicable a dicha magistrada la excepción establecida en la ley de Enjuiciamiento Civil referentes a los 'jueces y magistrados a quienes corresponde fallar los asuntos'.
El propio Del Río ha reconocido este martes en una entrevista en Canal Sur Radio que se trata de un "contratiempo importante" sobre el caso de los ERE que puede hacer que se dilate o demore, y en el caso de que la magistrada no pudiera trabajar en la nueva sentencia ha planteado incluso como hipótesis la posibilidad de que tuviera que celebrarse un nuevo juicio, con un tribunal distinto.
Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado desde Bruselas de "rocambolesco" que la nueva sentencia sobre el caso de los ERE requerida por el Constitucional se pueda retrasar 'sine die' (sin fecha fija) y ha manifestado su deseo de que se aclare cuanto antes esa situación.
Esta circunstancia sobre la conformación de la sala de la Audiencia de Sevilla que debe emitir la sentencia definitiva sobre los ERE suma un nuevo capítulo a una macrocausa que, más allá del pronunciamiento del Constitucional, sigue además viva en los tribunales -trece años después de iniciarse- con un centenar de piezas separadas todavía pendientes.
