La consejera de Salud, Catalina García, ha dicho este miércoles que hubiera sido mejor que el exviceconsejero Miguel Ángel Guzmán hubiera consultado con la Consejería de Justicia antes de fichar como director médico de la aseguradora Asisa para saber si pueden existir incompatibilidades.

En una entrevista en Canal Sur Radio, García ha confirmado que la Junta de Andalucía está estudiándolo todo en relación con este fichaje, por lo que ha pedido esperar a saber si hay o no incompatibilidades antes de actuar en consecuencia.

Ha recordado la consejera que Guzmán venía de la empresa privada cuando se incorporó al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que cuando dejó sus cargos, en principio iba a seguir en la Consejería de Salud en otro puesto, pero finalmente decidió volver al ámbito privado.

Ha defendido que las personas tienen derecho a retornar al ámbito privado desde lo público cumpliendo la ley de incompatibilidades y en estos casos la función de la Junta es que "se cumpla", que es precisamente lo que se está estudiando en el caso del fichaje de Guzmán, que Adelante Andalucía y Por Andalucía van a denunciar ante la Oficina contra el Fraude y la Anticorrupción.

No obstante, Catalina García ha admitido que hubiera sido mejor que Guzmán consultara con la Consejería de Justicia, que es la competente en estudiar las incompatibilidades de los altos cargos, si no había problema para pasar a tener un cargo de responsabilidad en Asisa varios meses después de dejar de ser viceconsejero de Salud y anteriormente gerente del SAS.

Ha asegurado que si existe alguna incompatibilidad actuaría en consecuencia la Consejería de Justicia, pero ha incidido en que es mejor esperar a los informes y evitar lo que ha ocurrido en el caso de la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana Mónica Oltra, que dimitió por un caso que la justicia ha acabado archivando, pero la "pena se la ha llevado".

Según ha publicado elDiario.es, entre junio de 2021 y junio de 2023, Guzmán, siendo gerente del SAS, adjudicó contratos por 43,6 millones de euros a 11 hospitales y clínicas privadas del grupo Asisa en Andalucía, con la finalidad de aliviar la sobrecarga en la sanidad pública derivada de la pandemia de la covid-19.

La última prórroga de gasto expiró siete meses antes de su cese como viceconsejero de Salud (el 27 de diciembre) y diez antes de fichar por Asisa, según este diario, si bien la consejera ha aclarado que como viceconsejero no pudo firmar esa prórroga porque eso corresponde al gerente del SAS.