Antonio Ávila confirma que no hay novedades sobre el proyecto de Minas de Riotinto

El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, confirmó ayer en declaraciones exclusivas al Grupo Información que su departamento no tiene constancia de que exista “ninguna novedad” respecto al proyecto de reapertura de Minas de Riotinto, por lo que la Junta mantendrá la postura que hasta ahora ha adoptado, esperar a la presentación de la documentación necesaria antes de emitir ninguna valoración sobre el proyecto de Emed Mining.

Las declaraciones de Ávila, que confirmó la línea que hasta ahora ha llevado su departamento en Huelva de esperar a que se cumplan los trámites requeridos a cualquier proyecto minero, se producían el mismo día que el sindicato UGT anunciaba que en la mañana de hoy se llevarán a cabo dos concentraciones en Sevilla ante las sedes de la propia Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, y de la Dirección General de Industria, Energía y Minas para exigir “celeridad” en la tramitación del proyecto de reapertura de Minas de Riotinto.

UGT, que ostenta la representación sindical en Emed Tartessus -la filial de Emed Mining que pretende reabrir la histórica mina-, emitió ayer un comunicado en el que anunciaba que los trabajadores de la empresa, tras reunirse en asamblea extraordinaria, se manifestarán hoy en Sevilla para exigir “voluntad política” a la Junta para este proyecto.

Según el sindicato, los trabajadores -unos 80, según UGT- ven peligrar sus puestos de trabajo y no entienden “que la Junta no facilite todo lo que sea necesario” para que unos empresarios “que han demostrado su seriedad y compromiso” puedan poner en marcha el proyecto, apuntando que invierten desde hace tres años 450.000 euros cada mes, cerca de 20 millones de euros en total.

La reapertura de Minas de Riotinto, emprendida por Emed Tartessus hace tres años y que pretende iniciar la actividad plena en el segundo semestre de 2011, está inmersa en varios frentes que impiden su puesta en marcha en la actualidad, entre ellos, la falta de aprobación del propio proyecto minero; el litigio sobre los derechos en espera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; una deuda con la Seguridad Social cercana a los 17 millones de euros; y la incapacidad de cerrar un acuerdo con los propietarios de los terrenos colindantes, necesarios para la viabilidad de la actividad minera.