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23/06/2024  

La mitad de las empresas niega las prácticas a los discapacitados

La crisis se está cebando especialmente con este colectivo, uno de los más vulnerables

  • Las barreras no son sólo arquitectónicas. La crisis está incidiendo especialmente en un sector tan vulnerable como el de los discapacitados. -
La mitad de las empresas españolas (50,4 por ciento) no se ha planteado nunca contratar a personas con discapacidad. De hecho, tienen importantes prejuicios hacia este colectivo al considerar que su rendimiento es “diferente” al del resto de trabajadores. Ésta es una de las principales conclusiones del I Informe Equipara del Observatorio para la Inserción Laboral de Personas con Discapacidad, presentado por la Fundación Equipara.
Y la capital gaditana no es ajena a los resultados de dicho estudio. La Asociación para la Mediación Social de Personas con Discapacidad Intelectual (Equa) es sólo una de las entidades que tienen importantes problemas a la hora de conseguir introducir a sus socios en el duro y descorazonado mercado laboral. Con la crisis ya no sólo les cuesta trabajo encontrar un empleo, también encontrar una empresa donde puedan realizar sus prácticas. Así lo ha asegurado a INFORMACIÓN el coordinador de Equa, Carlos Parada, quien asegura que prácticamente el 50 por ciento de las empresas de Cádiz rechazan que personas con discapacidad psíquica hagan prácticas en su negocio. El motivo principal, según Parada, es que los alumnos van acompañados por los mediadores y “a los empresarios no les suele gustar que gente ajena a su plantilla esté merodeando por la empresa”.
De ahí que la administración pública se haya convertido en su principal bolsa de prácticas, “y hasta en lo público a veces tenemos problemas”.
El coordinador de Equa afirma que la contratación de personas discapacitadas ha descendido en España un 12 por ciento, “y en Andalucía, aunque no tenemos datos, seguro que muchísimo más”.
Para muestra un botón. Durante 2008, de Equa salieron 12 personas con un contrato de trabajo estable, mientras que en 2009 sólo lo ha conseguido una persona.
Parada destaca que en el caso de los discapacitados psíquicos la situación es aún peor. Hasta los 20 o 21 años no alcanzan la preparación necesaria para acceder a un puesto de trabajo, “y muchos de ellos cumplen los 30 años y a pesar de tener una gran preparación y no dejar de hacer cursos siguen sin encontrar un empleo”.
La mayoría son personas preparadas en trabajos auxiliares ya sea de jardinería, administración (el mayoritario), mantenimiento o reponedores.
Equa es una sociedad limitada que tiene como objetivo ganar los recursos económicos necesarios para mantenerse así misma y crear puestos de trabajo para personas con discapacidad. Actualmente en la asociación trabajan 12 personas.

Las empresas no cumplen la Ley de Integración Social
Pocas empresas se muestran a favor de contar en su plantilla con personas que presentan alguna minusvalía. A esto se suma el miedo de los propios afectados de enviar su currículo porque no se sienten preparados para el puesto. Como resultado ni siquiera el 10 por ciento de las empresas que deberían cumplir la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) la cumplen. Dicha norma exige que todas las empresas con más de 50 empleados reserven el 2 por ciento de su plantilla a personas con algún tipo de discapacidad.
Sin embargo, el desconocimiento tiene otras consecuencias. Las empresas no sólo ignoran la valía de las personas con discapacidad, sino que tampoco son conscientes de las ventajas e incentivos fiscales que podrían obtener si contrataran a estos trabajadores. La normativa concede subvenciones y ayudas a las empresas que apuestan por la eliminación de barreras o contratos a tiempo completo, entre otras cosas.

—nuevas medidas—
El pasado 22 de diciembre el Congreso aprobó un conjunto de medidas legales para fomentar el empleo en personas con discapacidad. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) confía en que esas iniciativas atenuen el efecto de la crisis económica en este colectivo. Esas medidas fueron
planteadas por el CERMI y por FEACEM (la patronal de centros especiales de empleo de iniciativa social), y asumidas por los Grupos Parlamentarios y por el Gobierno de la nación.

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