El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha avalado la decisión de la Junta de Andalucía al rechazar indemnizaciones a los propietarios de las fincas anejas a la Balsa del Sapo, en El Ejido (Almería), al estimar que no existe responsabilidad patrimonial de la Administración ante las inundaciones que sufrieron en sus fincas seis empresarios, que solicitaron indemnizaciones por valor de 546.104 euros.
Según los dictámenes de carácter preceptivo emitidos por el CCA, consultados por Europa Press, no existe nexo causal entre el desbordamiento de la balsa y la posterior inundación de varias fincas en la campaña 2010-2011, lo que llevó a la pérdida de determinadas cosechas y a daños en las explotaciones agrícolas, y la acción de la administración andaluza.
Los seis reclamantes a los que se ha negado la indemnización alegaron que los daños que se produjeron en su finca y, consiguientemente, en su producción agrícola, se debieron "a la falta de adopción por parte de la Administración andaluza de medidas adecuadas para evitar el desbordamiento de una balsa de agua", sentido en el que aportaron diversos informes periciales.
Sin embargo, el Consultivo considera que estas reclamaciones no pueden prosperar, puesto que "la balsa no es de titularidad autonómica ni ha sido construida por la Administración" sino que su existencia "se debe a la extracción de material para la construcción de invernaderos". "Han sido, pues, titulares de explotaciones de agrícolas los que se han beneficiado de la formación de la balsa, pues ello ha permitido precisamente la organización de sus explotaciones", entiende el órgano andaluz.
Asimismo, desde el Consultivo se atiende a un informe del jefe de servicio de Infraestructura de la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente fechado en febrero del pasado año, en el que indica que "la causa inmediata del aumento de los niveles es la situación de sobreexplotación de los acuíferos por parte de los usuarios", con lo que concurre además la circunstancia de que "se trata de una zona endorreica, sin salida natural al mar, por lo que las escorrentías de un gran número de cauces públicos del Campo de Dalías vierten en esta zona".
En esta línea, también se aprecia a raíz del mismo informe las actuaciones desarrolladas por la Junta en la zona, si bien, "tras las lluvias del año hidrológico 2009-10 que supusieron las mayores precipitaciones en 70 años, se hizo necesaria la realización de otras actuaciones" como una obra de emergencia para la protección de inundaciones y otra para generar una segunda impulsión de agua.
"En consecuencia, no se puede reprochar a la Administración autonómica que no adoptara las medidas oportunas, pues desde el primer momento ejecutó obras que permitían eludir el riesgo y solo tras precipitaciones inéditas en 70 años, las mismas se mostraron insuficientes, llevando a la adopción de otras adicionales", concluye el CCA, que además apunta a que todas esas medidas "solo pueden tener una virtualidad relativa" dado que "solo las obras de interés general, que no le corresponde a la Administración contra la que se reclama, pueden poner fin a la situación", en relación al túnel de desagüe pendiente de ejecutar por parte de Acuamed.
