La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación para cargo público para el exalcalde de Zurgena y actual concejal de Obras Públicas, Cándido Trabalón (PA), en el marco del conocido como caso 'Costurero' contra la corrupción urbanística en el que también están procesadas otras 23 personas, entre ellas exediles de la corporación, funcionarios, arquitectos y promotores inmobiliarios.
El juez instructor de la causa, que ha ordenado en un auto al que ha tenido acceso Europa Press abrir juicio oral por falsedad documental, prevaricación urbanística, cohecho, desobediencia, negociación prohibida a funcionarios y contra la ordenación del territorio, ha resuelto imponer a Trabalón, quien forma parte del equipo de gobierno en coalición con el PP, una fianza civil de 571.147 euros.
El fiscal, que acusa al exregidor andalucista de un total de 120 delitos aunque interesa la aplicación del artículo 76 del Código Penal con respecto al máximo cumplimiento de penas, le atribuye, entre otros comportamientos, la concesión de licencias para la construcción de inmuebles unifamiliares en no urbanizable por diferentes cauces "irregulares". Sostiene además que en, al menos dos ocasiones, lo hizo "a cambio" de que las empresas promotoras beneficiarias construyeran "sin cobrar precio" un residencial y un bloque de viviendas en dos solares de su propiedad que han sido tasados en casi 400.000 euros.
Tijeras, el otro principal acusado en esta causa contra la corrupción urbanística y quien en la actualidad no ejerce cargo público, el fiscal tiene previsto solicitar penas que suman 178 años y seis meses de prisión mientras que los otros ocho excargos públicos imputados en la causa, de PSOE y PA, se enfrentan a penas de 18 meses de cárcel por cada licencia a la que dieron voto favorable en pleno y que oscilan entre las 80 y las 15, dependiendo de si asistieron a las sesiones plenarias o no. Los exconcejales son Miguel M.R., Emilia J.P., Aniceto L.M., José Antonio R.M., Juan M.D., Josefa S.G., Pedro S.C. y José Juan S.
Para el exconcejal de Urbanismo, el juez instructor ha fijado la fianza civil en 8.630 euros aunque el Ministerio Público destaca que, entre los años 2003 y 2007, recibió cantidades de dinero "cuya cuantía y número no ha podido determinarse" y un vehículo tasado en casi 31.000 euros por parte del acusado Antonio L.R., administrador de las mercantiles 'Antonio de la Jacinta' y 'New Horizon Villas' y principal beneficiario de las licencias urbanísticas concedidas presuntamente de manera "irregular".
'MODUS OPERANDI'
El Ministerio Público indica en su detallado escrito de 69 páginas, al que tuvo acceso Europa Press, tres fases en la trama tejida por los dos principales procesados, quienes, según remarca, decidieron y persistieron en tiempo "de común acuerdo" en conceder licencias para construir viviendas sobre suelo calificado como no urbanizable "no permitidas por la legislación urbanística".
En una primera etapa, que encuadra en marzo de 2003, habría actuado en solitario Tijeras como concejal delegado de Urbanismo y alcalde accidental de Zurgena, quien, conocedor de que los informes preceptivos de la Diputación Provincial serían contrarios a la concesión de las licencias, "decidió no solicitar" los citados informes y "prescindir" de ellos al tramitar los expedientes "prescindiendo totalmente del procedimiento administrativo legal".
En virtud de esto, el fiscal le atribuye la concesión a sabiendas de que eran contrarias a la normativa, de 40 licencias para un total de 80 inmuebles en distintas pedanías. Estas dieron lugar posteriormente a licencias de ocupación que contaron con informes favorables del técnico municipal y acusado Carlos Domingo B.F., quien también era el director de obra de estas promociones impulsadas por las constructoras 'Antonio de la Jacinta' y 'Chaviort'.
En una segunda fase, con Trabalón como alcalde y hasta finales de 2005, ambos habrían acordado, tras entrar en vigor la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobar las licencias en pleno cuando hasta ese momento era bien el alcalde o bien la comisión de gobierno la que resolvía los expedientes para eludir los "informes técnicos y jurídicos que iban a ser contrarios a las licencias solicitadas". Así, se dio luz verde a alrededor de un centenar de permisos a promotoras de imputados por la presunta trama.
El fiscal remarca que, en este punto, el exalcalde contrató Carlos Domingo B.F., a quien, arquitecto, se le encargó que emitiera informes técnicos favorables, una labor a cargo del ayuntamiento que desarrolló al tiempo que, en el ejercicio de su profesión, dirigía obras de "numerosas edificaciones" en el municipio.
Tras cesar en octubre de 2005, Trabalón contrató a Francisco S.G., también arquitecto y acusado de perpetuar el modo de actuar que se achaca a su predecesor, del que era "conocedor", con informes favorables para más de 150 viviendas promovidas por otros acusado, Tomás Z.S. y Jose Miguel D.N., administrradores de 'Zuydy SL'. El socio de Francisco S.G. en su estudio, José María G.R. también esta acusado en el proceso.
"SUBTERFUGIO"
El citado modo de actuar fue diseñado por el exregidor y el exconcejal de Urbanismo, y consistía en, "para dar apariencia de legalidad" a las licencias, usar el "subterfugio" de considerar suelo no urbanizable como suelo urbano cuando "contará con servicios básicos como acceso rodado, abastecimiento de agua y suministro de electricidad". Con este objetivio, según detalla, indicaban a los promotores que "antes o al solicitar" las licencias, hiciesen obras de urbanización "sin ningún tipo de permiso para ello".
De este modo --añade-- los promotores era quienes adquirían el suelo no urbanizable y lo dotaban "a veces de forma incompleta, a veces de forma nula" para "llevar a cabo aparente transformación de la naturaleza del suelo vulnendo la normativa urbanística pues se hacía sin cobertura de ningún instrumento de planeamiento urbanístico, sin las necesarias licencias y no permitidas legalmente y sin cesiones de suelo y aprovechamiento urbanístico que establece la ley para los municipios".
Las tercera etapa se habría iniciado, según el Ministerio Público, en febrero de 2006 cuando Trabalón dejó de convocar plenos y de conceder como Alcalde licencias de obra "ilegales" e ideó una manera de hacerlo "de forma menos manifiesta" utilizando la vía del silencio administrativo. Así, "decidió voluntariamente dejar transcurrir" el plazo de tres meses sin dictar una resolución sobre la licencia para "luego certificar su concesión por silencia administrativo".
El escrito recoge que la secretaria del Ayuntamiento, María Trinidad L.G., quien también está acusada como cooperadora necesaria en 30 presuntos delitos de prevaricación, expidió este certificado de silencio administrativo a efectos positivos para la construcción de casi 200 viviendas en el término municipal y subraya que el exalcalde "no inició, como era su obligación, ningún procedimiento de revisión de oficio para dejar sin efecto las licencias".
El fiscal también señala que, entre 2005 y 2006, Trabalón y Tijeras concedieron unas 18 licencias de segregación de fincas rústicas situadas en no urbanizable "con conocimiento de que eran auténticas parcelaciones urbanísticas y que ley las prohíbe" en este tipo de fincas.
En la causa también están procesados el cuñado el exregidor Juan José G.R., los empresarios Francisco y José Manuel N.T. como administradores de las constructoras 'La Vacazul y Grupo de Inversiones 'Solnor', así como Francisco Javier D.C. como administrador de 'New medina Villas', Faustino M.B., de 'Promociones Inmobiliarias Arboleas' y 'Welcome to Spanish Home' y José S.S., Fernando J.R. y Adoración G.F., admnistradores y arquitecta de 'Colyar SLL'.
