Se desvaneció así la incertidumbre y los nervios que desde el pasado jueves, día en que se informó de la “inminente” orden de derribo, ha acompañado a los habitantes de estas diez casas que fueron levantadas de forma ilegal con objetivo de venderlas, violando el constructor y promotor numerosos requerimientos municipales, “llegando incluso a romper seis precintos, en diferentes ocasiones”, según informó el Consistorio chiclanero.
Y es que, si bien, la presión vecinal y la falta de documentación logró aplazar el derribo previsto para el pasado viernes; durante la jornada de ayer, la legalidad, a través del cumplimiento de la orden judicial, se impuso en este caso de urbanismo ilegal.
Así, desde aproximadamente las cuatro de la madrugada del lunes, numerosos agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil se desplazaron hasta Majadillas Bajas para acordonar y cortar el tráfico e intentar convencer a los vecinos de que abandonaran las casas por propia voluntad; un requerimiento que se saldó con la detención de 28 personas por resistencia a la autoridad.
Los detenidos, en su mayoría familiares del constructor, se negaron a abandonar las viviendas y fueron desalojados; incluso algunos de ellos se subieron a los tejados de las casas y tuvieron que ser bajados por miembros de los cuerpos de seguridad, como el caso de un propietario que cuchillo en mano tuvo que ser reducido por los agentes; sin que hubiese que lamentar heridos.
Los detenidos, tras prestar declaración, fueron puestos en libertad tan sólo unas horas después.
El anunciado derribo
Poco antes de las diez de la mañana y ante la presencia de numerosos vecinos y vecinas, que permanecieron tras el precinto de seguridad instalado por las fuerzas de seguridad, la maquinaria inició la demolición de la primera vivienda y unas horas después, sobre las dos de la tarde, caía la décima, concluyendo el anunciado derribo.
El cumplimiento de la orden judicial no causó gran sorpresa aunque sí indignación, ya que los centenares de personas presentes en los alrededores de Majadillas Bajas no dejaron de lanzar improperios e insultos varios tanto a las fuerzas de seguridad, como al alcalde y sus concejales, durante el derribo.
De hecho, unas cincuenta personas se trasladaron a la puerta del Ayuntamiento chiclanero para pedir explicaciones al alcalde, José María Román y solicitar su dimisión. También la delegada municipal de Urbanismo, Cándida Verdier, y otros concejales como Juan Pedro Butrón (IU) o Ernesto Marín (PP) fueron recriminados por los ciudadanos en la puerta del Ayuntamiento.
Especulación
Las diez viviendas demolidas fueron construidas con fines especulativos, por una empresa familiar de la localidad, a pesar de que a comienzos de 2007 la Gerencia de Urbanismo le notificó al promotor que parase la construcción y éste hizo caso omiso. Es más, tampoco detuvo las obras a pesar de que sabía que no las podría vender, dado que existía una anotación en el registro, explica el Consistorio.
Según la versión municipal, “ante la inminencia del derribo, en las últimas semanas el promotor dejó las casas a familiares, por un lado, y las alquiló a otras personas sin informarles de que las viviendas serían demolidas en breve”. Estas personas, sin medios para poder alojarse, han sido atendidas por el Ayuntamiento, a través de las delegaciones de Vivienda y Bienestar Social.
La promoción de las diez casas podría haber alcanzado en el mercado, en caso de que hubieran podido venderse, unos tres millones de euros, según las estimaciones realizadas por la Gerencia de Urbanismo.
Proceso
La promoción de Majadillas Bajas comenzó a construirse en el año 2007. Fue entonces cuando inspectores de la Gerencia de Urbanismo cursaron una denuncia relativa a 10 viviendas unifamiliares que carecían de la preceptiva licencia urbanística. Cinco días después, la Gerencia dictó una resolución por la que se ordenaba la inmediata suspensión de las obras, así como la incoación de un expediente para la restauración de la legalidad urbanística a la empresa promotora. Entre el 23 de febrero de 2007 y finales de agosto de 2008, la propiedad rompe el precinto de las obras decretado por la Gerencia hasta en seis ocasiones, según el Consistorio.
La orden de demolición de las viviendas se produce después de que finalizase un expediente por construcción ilegal y se firma el día 6 de septiembre de 2007, cuando se decreta por parte del Ayuntamiento y se le ordena derribar al promotor, quien hizo caso omiso a los requerimientos y siguió con sus planes.
Finalmente, el 26 de octubre Urbanismo recibe la autorización para la entrada en las viviendas y el permiso para que se demuela antes de dos meses, un plazo que se hubiera cumplido el próximo sábado.
Además, en el proceso hay una diligencia abierta contra el administrador de la empresa promotora ‘Prefabricados Medina’ y contra un arquitecto, vinculado a la operación Obra Nueva, por un presunto delito de falsedad documental.
“Nadie nos comunicó que existía una orden de derribo”
De las diez viviendas construidas en la calle Reina Isabel de Portugal, nueve estaban alquiladas, explica una de las inquilinas que tuvo que abandonar su casa el pasado sábado “sin esperarlo”. Yolanda Rodríguez, su marido e hijos, llevaban poco más de un año ocupando una de las casas de Majadillas Bajas y de un día para otro “nos dicen que se van a derribar y nadie nos había informado de la existencia de una orden judicial”. Su problema, a diferencia de otras familias, es que los muebles de la casa son suyos y, por tanto, no tuvo tiempo real de desalojar el pasado viernes, día para el que estaba previsto el derribo. Con el aplazamiento concedido, esta familia chiclanera no dudó en recoger todas sus pertenencias y abandonar la casa el sábado, al igual que otras familias. Ahora Yolanda tiene metidas sus pertenencias “en el trastero de mi suegra” y se ha puesto a buscar una vivienda. “Los Servicios Sociales del Consistorio nos han echado una mano, no esperaba menos, y parece ser que esta misma tarde podemos firmar un nuevo contrato de alquiler”, explica Yolanda ya más tranquila tras “los nervios” pasados durante el fin de semana”. No obstante, ha solicitado un abogado de oficio para emprender las acciones legales contra el constructor y arrendatario de la vivienda, por no haberle informado de la situación legal de la vivienda.
Distinta suerte van a correr los propietarios que, además de seguir pagando la hipoteca de una casa ya inexistente, tendrán que hacer frente a los costes del derribo que suponen 24.000 euros por vivienda demolida.
“No hay ninguna demolición prevista”
La demolición de las diez casas de la zona de Majadillas Bajas no interfiere “para nada” en las negociaciones que el Ayuntamiento de Chiclana y la Plataforma de las Áreas de Gestión Básicas llevan a cabo desde hace meses, explican desde el Consistorio.
Según el equipo de Gobierno, “dar solución a esta situación es el objetivo de las ordenanzas en las que estamos trabajando y no es éste el caso para el que están pensadas, ya que las casas demolidas ahora no se trataban sino de una promoción para su venta, aprovechando el boom inmobiliario de los últimos años”.
“El constructor, además, sabía perfectamente que no iba a poder venderlas y, a pesar de ello, siguió construyéndolas”, haciendo caso omiso a los requerimientos municipales.
La próxima reunión con la plataforma está prevista para este miércoles. Actualmente, el acuerdo se encuentra cercano, después de varias reuniones en que el Ayuntamiento de la localidad ha incluido las peticiones de los vecinos en el documento.
“La regularización sólo se llevará a cabo por parte de los propietarios si éstos así lo quieren”, aseguran.
Desde el Ayuntamiento se apunta que “los responsables de la Plataforma están puntualmente informados de la situación”.
En este sentido, el Consistorio les ha facilitado todos los datos que han pedido y “ellos conocen perfectamente que se trata de una promoción para especular, que tenía una orden de parar las obras desde hace casi tres años, cuando los trabajos hacía poco habían comenzado”.
Actualmente no hay ninguna demolición prevista en el término municipal.
