El diputado de Unidas Podemos por Andalucía, Ismael Sánchez, ha recogido las demandas que le han hecho llegar desde el movimiento vecinal Unidos contra la quema de pastos en relación al problema de contaminación, peligro de tráfico y afecciones respiratorias que sufren los municipios sevillanos de las Marismas del Guadalquivir: Los Palacios, La Puebla del Río, Isla Mayor y Coria del Río. Presentará al respecto una pregunta a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. En ella se recogen las denuncias de este movimiento vecinal que, a finales de 2019 y 2020, y uniendo a las cuatro localidades, se levantaron en contra de la quema de pastos que se produce durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, dependiendo de la campaña, tras la recogida del arroz. “Esta quema hace que se produzcan una gran contaminación que provoca que el aire de estas zonas se vuelva casi irrespirable con el riesgo para la salud de los vecinos, así como el peligro en el tráfico por la escasa visibilidad”, ha destacado Ismael Sánchez. Sánchez Castillo recuerda que la Junta de Andalucía se había comprometido con el movimiento vecinal a encontrar una solución y a que mientras la labor de las quemas se realizara según un plan que contemplara factores como el viento o los días más idóneos, para minimizar las consecuencias. Sin embargo, y aunque la segunda parte se ha cumplido "la solución definitiva no llega".
Proyecto
Según ha trasladado `Unidos contra la quema de pastos´ al parlamentario andaluz, existe una empresa interesada en instalarse en la zona para montar una planta de reciclaje de estos pastos, de forma que no se tengan que quemar y además se consigan otros usos, se trata del proyecto “Valorización de la paja de arroz”, pero cuando se ha presentado a la Consejería de Agricultura, la propuesta ha quedado como suplente (en la posición 15), en las Ayudas a Grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, por lo que no podrá entrar en funcionamiento. “Las y los vecinos afectados nos denuncian que la administración autonómica no ha dado importancia al tema, se ha quedado en el primer y más básico paso, pero no ha cumplido su promesa de buscar una alternativa definitiva. Se trata de un problema importante que afecta a casi 90.000 personas directamente y a todo el medioambiente indirectamente por la contaminación”, ha finalizado Ismael Sánchez.
