El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, vería "estupendo" que el Gobierno de Pedro Sánchez acabe reformando la ley orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública, como llevan pidiendo un año, pero mientras ha defendido que esta comunidad ha optado por la seguridad.
El representante autonómico, con motivo de una visita a las instalaciones de Biofabri junto a la ministra Carolina Darias, ha comentado en declaraciones a la prensa que si el Ejecutivo central "modifica y rectifica su ley orgánica, estupendo, estaremos encantados, la podremos usar".
Como eso por ahora no ha ocurrido, ha añadido, se votó en el Parlamento autonómico una reforma de la ley de salud de 2008 a raíz de una modificación del texto planteada por el PP para dotarse de instrumentos jurídicos y el cambio salió adelante con el voto de los populares, grupo mayoritario en la Cámara.
"Estamos más seguros de lo que estábamos antes", ha zanjado Comesaña ante las preguntas de los medios de comunicación allí congregados.
El nuevo modelo de sanciones graduales por saltarse la legalidad y poner en riesgo la salud de la población introduce multas de hasta 60.000 euros en caso de incumplir confinamientos y un régimen de sanciones de hasta 600.000, con tres niveles en función de si son infracciones leves, graves o muy graves, para penar el rechazo a vacunarse o a hacerse pruebas.
Esto último, en los casos en los que las autoridades sanitarias establezcan la obligatoriedad.
Darias, consultada al respecto, ha apostillado tajante que la vacunación en España "no es obligatoria" y Comesaña ha remarcado que el propio plan de vacunación estatal establece que la vacuna será voluntaria "en general" salvo en los supuestos de razones sanitarias de urgencia o necesidad recogidos en la "la ley orgánica" mencionada.
Al hilo de este apunte, ha afirmado Comesaña que "lo que hacemos en nuestra ley es concretar", a la vista de que "ese desarrollo no llega" por parte del Gobierno central.
El conselleiro ha recordado que llevan meses tomando medidas con una "base jurídica mejorable", pues si bien en Galicia existe el aval de la justicia, no ocurre así en otras zonas, ha subrayado: "en otras comunidades autónomas han tirado esas precauciones".
"Le dijimos al Gobierno hace tiempo que creíamos que había que reforzar esa seguridad jurídica. En mayo dijeron que sí pero eso no ha llegado. Con lo cual el Parlamento gallego ha dado ese paso de consolidar desde el punto de vista jurídico con una ley autonómica que creemos que no colisiona para nada con la orgánica, que es la que en realidad tiene capacidad de actuar sobre derechos fundamentales", ha observado.
Por último, ha vuelto a defender la necesidad de "concretar ordenadamente y delimitar".
El pasado 23 de febrero, el Parlamento de Galicia aprobó, con los votos a favor del PP y los de BNG y PSdeG en contra, la reforma de la Ley de Salud gallega que establece multas de hasta 600.000 euros para infracciones sobre la salud pública, entre ellas la "negativa injustificada" a la vacunación.
