El exalcalde de Carboneras (Almería) y actual edil de Gicar, Salvador Hernández, al que la Fiscalía pide 13 años de inhabilitación por la contratación supuestamente irregular de servicios mediante el fraccionamiento de los expedientes, se ha mostrado "tranquilo" a la espera de que se celebre el juicio ya que los servicios se adjudicaron con "informes favorables" de los servicios técnicos municipales.
En declaraciones a Europa Press, el concejal ha remarcado que las contrataciones que se realizaron en su etapa al frente del ayuntamiento "se hicieron sin ningún reparo" ni de los técnicos ni del secretario municipal, con lo que se ha mostrado confiado en la regularidad de sus actuaciones.
El Ministerio Público acusa al regidor de un delito continuado de prevaricación administrativa al considerar que, como alcalde, habría adjudicado varios servicios a dos empresas "indebidamente como contratos menores" para que esas actividades las efectuaran "personas de su confianza" pese a "ser conocedor de las irregularidades administrativas" y "a sabiendas de su ilegalidad".
La fiscal estima en este caso que el entonces alcalde se valió de la junta de gobierno local para adoptar una serie de decisiones administrativas "contrarias a la ley" al adjudicar varios servicios a determinadas empresas "tramitándolo indebidamente como contratos menores, afectando los principios de concurrencia y publicidad que deben regir la contratación pública, a pesar de ser conocedor de las irregularidades administrativas".
Así, la acusación estima que el objetivo del exprimer edil era adjudicar esas actividades "a personas de su confianza" a pesar de que podía acudir al asesoramiento de la Diputación Provincial de Almería, a cuyos servicios recurrió en más de 280 ocasiones para consultas en materia económica, jurídica, urbanística y de recursos humanos.
