La Sección Primera de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar desde este lunes a diez exresponsables del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), entre los que se encuentra el exalcalde Julián Muñoz y el que fuera asesor Juan Antonio Roca; así como a empresarios por una de las causas iniciadas hace más de diez años por presuntas irregularidades urbanísticas.
En total se prevé juzgar a 14 personas. Además de Muñoz y Roca, en este caso, iniciado en 2006, están acusados ocho exediles y empresarios, como José Ávilas Rojas, han apuntado fuentes judiciales. En este procedimiento se han investigado delitos de malversación de caudales públicos, fraude, prevaricación y contra la ordenación del territorio en relación con una serie de operaciones urbanísticas.
En las conclusiones provisionales del ministerio público, a las que ha tenido acceso Europa Press, se reitera el papel de Roca en el Ayuntamiento marbellí, que, según esta acusación, "había venido mandando en el urbanismo de la localidad" hasta su detención por el caso 'Malaya' y que "controlaba" no solo la revisión del planeamiento municipal sino también los convenios.
En este sentido, incide en que este acusado "gestionó y controló la elaboración de la totalidad de los convenios mediante lo que se pretendía modificar el planeamiento", de forma que se negociaba con los empresarios "que estuviesen dispuestos a abonar la pertinente contrapartida", propiciando un "urbanismo a la carta". Para el fiscal, Roca "aprovechó esta circunstancia para lucrarse".
Asimismo, también se explica la posición de Muñoz, que como alcalde accidental, "se limitaba a ratificar con su firma de manera automática, pero en todo caso plenamente consciente de su manifiesta ilegalidad", dichos acuerdos. Para esta acusación, ocurría lo mismo con los entonces ediles, "asumiendo las autoridades municipales el perjuicio económico que los convenios pudieran causar al municipio".
Según la acusación pública, la empresa que solicitó la licencia de obras para construir varios bloques lo hizo sin que el suelo fuera de su propiedad; un proyecto que tuvo informes técnicos que ponían de manifiesto "la confrontación de las obras con el plan general vigente", a pesar de lo cual la comisión de gobierno "acordó autorizar el permiso" solicitado en agosto de 2001.
Asimismo, el fiscal indica que el proyecto "se ajustaba a los cambios de parámetros urbanísticos que se concretarían cuatro meses después" entre Roca y uno de los empresarios acusados. Además, apunta que Muñoz firmó el convenio en el que se comprometía a incorporar en el PGOU esas características acordadas, que suponían, dice el escrito, un aumento de la edificabilidad.
Para el ministerio público, posteriormente se llevaron a cabo otros convenios de permutas "con irregularidades" en la justificación y en la valoración de los bienes y apunta que sociedades vinculadas a las anteriores y el Ayuntamiento realizaron trámites urbanísticos para la construcción de un centro de ocio y deporte, con la misma operativa "ilegal" y a pesar de los supuestos informes negativos.
Inicialmente, el fiscal acusa a Roca y a Muñoz de los delitos de prevaricación urbanística, prevaricación, fraude y malversación, como inductor y como presunto autor, respectivamente, solicitando siete años de prisión para cada uno e inhabilitación. A los exediles les acusa de malversación y prevaricación urbanística y a los representantes de las empresas por fraude y malversación.
