El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado citar como imputado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción al que fuera ministro del Interior en el Gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, en la denominada pieza 'Kitchen' del caso 'Tándem', para sustraer información sensible a Luis Bárcenas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado este viernes citarle a declarar para el próximo 30 de octubre en calidad de investigado. Le interrogará en el marco de esta pieza en la que se investiga el operativo que se habría sufragado con fondos reservados y cuyo objetivo era sustraer información sensible del PP al que fuera su tesorero, Luis Bárcenas, con el objetivo de ocultársela a la justicia.
A pesar de la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, por el momento el magistrado no cita a la que fuera secretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, ni a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.
García Castellón entiende que antes de resolver sobre la citación solicitada por la Fiscalía respecto de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, se impone, a la vista del avance de la investigación, citar de nuevo a Francisco Martínez que en su primera citación no quiso declarar y que ha manifestado su voluntad de comparecer de nuevo en presencia judicial.
MARTINEZ DECLARARA EL 29 DE OCTUBRE
Así, pone fecha también a la declaración del que fuera secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Rajoy, que declarará un día antes que Fernández Díaz, el 29 de octubre.
El magistrado cita además como testigos al exdirector de Comunicación de Interior Juan José Esteban y a otras tres personas, el sacerdote Silverio Nieto, el exdirector de Gabinete de Francisco Martínez, Jorge Sanchís Bordetas, y a Icíar Castro Álvarez.
Cabe recordar que el Ministerio Fiscal solicitaba la imputación de Fernández Díaz y Cospedal por presuntos delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos.
Esta operación policial encubierta se puso en marcha entre 2013 y 2014 por parte de Villarejo --entonces adjunto a la DAO de la Policía-- y se trataba, según las investigaciones, de un plan para captar como confidente a Sergio Ríos, el chófer de Luis Bárcenas, con el objetivo de acceder a documentación que el tesorero tuviera en su poder.
La petición de Anticorrupción se apoyó en un sólido informe redactado por los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano tras tener acceso a documentos, mensajes personales de Martínez al exministro y los recibos de los pagos al exchófer de Bárcenas, que habría recibido más de 53.000 euros por su colaboración en un operativo 'parapolicial' en el que habrían participado más de 70 agentes.
