El alcalde de Estepona y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provinciales (FEMP), José María García Urbano, va a exigir este viernes en la junta de gobierno de la FEMP que el Ejecutivo central "dé un trato igualitario" a todos los ayuntamientos de España.
Además, va a mostrar su "absoluto rechazo" a "la concesión" del Ejecutivo central de "privilegios fiscales a los ayuntamientos y diputaciones de País Vasco y Navarra tras el pacto con EH-Bildu para ampliar el estado de alarma".
Asimismo, el regidor va a proponer que la junta directiva de este órgano --donde están representados todos los ayuntamientos y diputaciones de España-- adopte un acuerdo de rechazo a esta decisión "injusta" del Gobierno de España.
Así, ha señalado que en virtud de este acuerdo, el Gobierno central "va a permitir a las entidades locales de esas comunidades autónomas mayor capacidad de gasto para financiar políticas dirigidas a paliar los efectos sociales causados por la crisis del COVID-19; suavizando así la regla de gasto y ampliando su capacidad de utilizar los recursos económicos".
El regidor de Estepona, según han informado desde el Consistorio en un comunicado, ha considerado "discriminatorio e inaceptable" la concesión política del Gobierno central, que genera inseguridad jurídica y que crea un agravio entre los ayuntamientos de España.
Al respecto, ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concede este "privilegio" fiscal a estos territorios pese a que lleva meses "desatendiendo y ninguneando" la reclamación "legítima" de todos los ayuntamientos de España, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos en el seno de la FEMP, para flexibilizar la regla de gasto y permitir a los ayuntamientos usar la totalidad de su superávit y de sus remanentes de tesorería para hacer frente a las necesidades existentes en sus municipios.
En este sentido, ha recordado que el Pleno de la Corporación acordó el pasado 5 de mayo instar al Gobierno de España "a desistir de su intención de apropiarse del superávit generado y de la Tesorería acumulada por las entidades locales", ya que dicha medida sería contraria a la autonomía local y financiera de las entidades locales.
A su juicio, el Gobierno central, por segunda vez consecutiva, "actúa de forma irresponsable e injusta" con los territorios de España, recordando que para aprobar la anterior prórroga del estado de alarma el Ejecutivo de Sánchez "discriminó" al sector turístico tras conceder a las islas Canarias el privilegio de ampliar los ERTE del sector turístico hasta que se recupere el mercado extranjero.
