El diputado provincial en la Diputación de Cádiz Daniel Moreno ha señalado que la institución se ve obligada a renunciar a la gestión del centro al expirar el convenio de cesión del inmueble, por lo que ha solicitado a la Junta de Andalucía, como administración competente en materia educativa, una solución para el alumnado del centro.
Según ha indicado la Diputación en una nota, Moreno se ha reunido este viernes con una representación del colectivo de padres y madres del colegio Institución Provincial Gaditana para informarles de la situación a la que se enfrenta el centro de cara al próximo curso y de los trámites que se están llevando a cabo al respecto.
En este sentido, ha explicado que el diputado les ha trasladado que la Diputación de Cádiz viene realizando en los últimos años un "importante esfuerzo" para dar respuesta a las reiteradas quejas de la comunidad educativa acerca de la necesaria inversión para la mejora de las instalaciones del centro.
Las circunstancias del mismo se han visto agravadas por la situación de abandono en que se encuentran los terrenos colindantes, en los que se preveía la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia de Cádiz por parte de la Junta de Andalucía y de un nuevo equipamiento deportivo y comercial por parte del Ayuntamiento tras el derribo del Pabellón Fernando Portillo. Estos solares acumulan años de dejadez sin apenas mantenimiento, ha señalado.
No obstante, la principal novedad que Daniel Moreno ha explicado a los padres y madres es que el uso del inmueble por parte de la Diputación viene recogido a través de un convenio con su propietaria, la Fundación Aramburu Moreno de Mora. Este acuerdo, elevado a público mediante escritura otorgada ante notario el 7 de diciembre de 1963, estipula que tiene fijada como "fecha irremediable de extinción" el próximo 20 de octubre de 2020. Nunca hasta el momento se había tenido que afrontar ninguna prórroga o cambio en dicho convenio.
En esa línea, la Diputación ha recibido solicitud por escrito, suscrita por el letrado de la Fundación Aramburu Moreno de Mora, en la que se expresa la voluntad de la referida entidad de reclamar la recuperación en esa fecha del inmueble de su propiedad. Así, una vez que en la Diputación de Cádiz se tuvo conocimiento de las pretensiones de la Fundación, se iniciaron una serie de contactos al más alto nivel entre responsables políticos de la Diputación y la Consejería de Educación de la Junta.
Según ha explicado la Diputación, la propia presidenta, Irene García, remitió una carta al consejero Javier Imbroda para informarle de manera directa de estas complicadas circunstancias y de la necesidad de buscar la mejor solución para el alumnado de la Institución. En dicha misiva no sólo se planteaba la información relativa a la reclamación de los propietarios del edificio, sino también las conclusiones que se extraen del informe realizado por la Secretaría General de la Diputación sobre las competencias de la Administración provincial en materia de educación, "competencia exclusiva de la Junta de Andalucía".
Además, la Secretaría General dictamina en su informe que "no procede la gestión y mantenimiento por parte de la Diputación Provincial de Cádiz de centros educativos cuya competencia corresponde a la Junta de Andalucía, máxime cuando los costes son mantenidos en exclusiva por la Diputación y no se ha delegado formalmente la competencia con los requisitos legales establecidos".
De esta forma se establece que "en virtud de lo determinado en los artículos 47.1, 49.h.1º y Disposición adicional octava de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no procede la renovación del convenio suscrito con la Fundación Aramburu Moreno de Mora".
Por su parte, la presidenta de la Diputación ha solicitado formalmente una reunión personal con Javier Imbroda en el momento en que la agenda del consejero lo permita para tratar en profundidad el asunto de la Institución Provincial Gaditana. Más allá de eso, el propio diputado delegado de Desarrollo Social, Daniel Moreno, ha mantenido contactos con el director general de Planificación de la Consejería de Educación en los que le ha planteada la complicada situación a la que se enfrenta el centro.
Diputación ha señalado que una vez que ha trasladado la información pertinente, el diputado ha atendido las lógicas inquietudes de los padres y madres del centro, asegurándoles que les mantendrá debidamente informados de todos los pasos que se vayan dando y las decisiones que la Junta de Andalucía pueda trasladarle en los próximos días, siendo esta la Administración competente para dar una solución al alumnado del centro, bien llegando a un nuevo acuerdo con la Fundación propietaria del edificio o reubicando a los niños en otros centros de la ciudad.
