Estamos sufriendo una situación que nadie podía imaginar más allá de algunas películas de ciencia ficción. Pero hay cosas que no pueden seguir igual. Está bien que este no es momento de críticas sino de arrimar el hombro y ya llegará el tiempo de rendir cuentas, de ver dónde han estado los errores, la improvisación, las contradicciones, incluso el desconocimiento de instrumentos propios del Estado como la Central de Compras del Ministerio de Hacienda que muy seguramente nos habría ahorrado algún episodio bochornoso, y pedir responsabilidades por ello. Puedo entender que un ministro o un presidente de Gobierno no sepan de esto, pero no es admisible que después de lo que nos gastamos en técnicos y asesores éstos no estén a la altura. No voy a cuestionar el currículum de los expertos que diariamente nos ofrecen cifras y previsiones sobre curva y pico, lo que sí cuestiono es su independencia. No puede ser que con el bagaje que tienen lleguen a decir cosas y a justificar comportamientos si no es por mantener el puesto que tienen. Porque en España todos los organismos técnicos, estratégicos o científicos en lugar de estar fuertemente profesionalizados están politizados y dirigidos por los mejor colocados en cada momento con unos, con otros o con ambos, por encima de su currículum. Y además de estos técnicos tenemos al regimiento de asesores que orbitan alrededor de los cargos públicos y que suelen estar copados por “cuñados” (incluyendo en este concepto a parientes, amigos y allegados), a militantes de partido y a aquellas personas a las que se les debe el favor de haber conseguido llegar al puesto al que de otra manera hubiera sido casi imposible hacerlo. Y este sistema hace que estos puestos acaben ocupados por agradecidos en lugar de por funcionarios altamente cualificados, que existen y ya cobran del erario público, y que cuentan con los conocimientos y la capacidad para ejercer esas asesorías, evitando así la influencia sobre ellos por parte de los políticos.
Y ahora salta otro escándalo. La donación de las dietas de los diputados. ¿Pero cuándo va a cambiar esto? Es urgente que sus señorías se sometan al mismo control que el resto de empleados públicos donde las dietas deben ser para desplazamientos efectivos, no el abono de una cantidad fija, con independencia de que las Cámaras funcionen o no, como es el caso actual. Y su justificación es que siguen teniendo gastos, ya que la mayoría pagan pisos en la capital de España para cuando tienen que ir a “trabajar”, como si el resto de españoles, incluidos los que por culpa del coronavirus han perdido su trabajo o los que han quedado sometidos a un ERTE, no tuvieran también que hacer frente a pagos a fin de mes. Y han perdido sus emolumentos o, cuando menos, se les ha rebajado un 30%, siendo bastante más bajos que los de sus representantes, que cada vez empatizan menos con quienes deberían representar. Y toda esta polvareda sólo por las dietas, ya que más allá de algunas propuestas hechas con la boca pequeña, a ninguno se le ha ocurrido solidarizarse con esos trabajadores (ya no digamos con los autónomos) y bajarse el sueldo. Y esto es porque estamos ante una generación de diputados y senadores que, en su mayor parte, no tienen vida fuera de la política, habiéndose convertido en auténticos profesionales de ella, lo cual es altamente negativo porque la necesidad de tener que pagar los gastos de un nivel de vida al que fuera de la política no podrían ni imaginarse haber llegado les hace aferrarse a sus puestos y a sus escaños al precio que sea. Por eso creo que aquí también debería haber otro cambio: el del status de cargo público de forma que queden limitados los mandatos de forma que todo el que se dedique a la política sepa que no tiene futuro en ella más allá de una docena de años, como máximo.
Si cuando volvamos a hacer vida medio normal todo queda en una bronca política para justificar (unos) el sueldo de gobierno y (otros) el de oposición y, además de dedicar más recursos a sanidad y a I+D+i, no introducen cambios en los órganos técnicos, científicos y estratégicos de la Administración para blindar su independencia y objetividad; no se cambia la concepción de asesores poniendo en valor la excelencia y el conocimiento; o no se ponen medidas para evitar la profesionalización de la política, no habremos aprendido nada. Y entonces ¡Qué Dios nos coja confesados!
