El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha publicado este viernes, en plena fase de expansión del coronavirus, un mensaje en Twitter haciendo referencia al artículo 128.2 de la Constitución, que reconoce la legitimidad de la acción pública en la economía, incluso la intervención de empresas, si así lo requiere el interés general.
Aunque el dirigente de Podemos se ha limitado a escribir en su mensaje "128.2", como único texto y sin ninguna aclaración ni contexto, fuentes del grupo parlamentario han precisado a Europa Press que estaba haciendo referencia al artículo de la Constitución con esa numeración, que Podemos ha reivindicado en numerosas ocasiones como uno de los más importantes de la Carta Magna.
CONTROL DE LOS HOSPITALES PRIVADOS EN MADRID
De hecho, la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid, donde se está dando una mayor expansión del virus, ya pidió el miércoles aplicar este artículo para "proponer el control público de los 50 hospitales privados" de la región, "con el objetivo de ampliar personal, camas e infraestructura, garantizando que actúen de manera coordinada hasta que se ataje este problema".
"Proponemos una medida de sentido común, que todos los recursos hospitalarios de la región se pongan al servicio de una causa común: atender a nuestra población de riesgo frente a la extensión del Coronavirus. La medida, amparada en nuestra Constitución, ampliaría significativamente nuestra capacidad para enfrentar este problema", destacó el portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid, Jesús Santos.
En concreto, el artículo 128 señala en su primer punto, que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general".
Y a continuación, en un segundo punto, afirma que "se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica". "Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general", prosigue.
De este modo, este artículo reconoce la legitimidad de la acción pública en la economía privada, a través de la intervención de los poderes públicos y de sus Administraciones, aunque también especifica que esa intervención debe estar vinculada a la satisfacción de los intereses generales a los que debe servir.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, también pidió aplicar este artículo a finales de 2018 para que el Gobierno interviniera las fábricas de Alcoa, para evitar que la multinacional cerrara y destruyera empleos.
