La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, quiere pelear en Madrid los fondos para la reconstrucción de las vueltas de afuera que en estos momentos se considera prioritario arreglar, pero el gerente del Centro Tecnológico de la Acuicultura (Ctaqua), Juan Manuel García de Lomas, no es muy optismista sobre los resultados.
Esto es, que un proyecto que debería correr a cargo de forma total del Ministerio de Medio Ambiente a cargo de la Demarcación de Costas, posiblemente se tenga que sufragar con la ayuda, en el peor de los casos, de otros programas y Administraciones.
En este caso estaría ocurriendo que el que causante de la situación en que se encuentran las salinas de San Fernando siga escurriendo el bulto y su aportación, si se produce, se limite al mínimo posible y sin entrar en el meollo del asunto principal.
Ese asunto principal no es lo perentorio, el arreglo de las vueltas de afuera, sino el desarrollo de un sistema que Costas desmanteló con la Ley de 1988 rehaciendo los derechos de los salineros y ejerciendo una dejación de funciones cuyas consecuencias están a la vista de todos.
Esa Ley de Costas, que en términos generales ha sido de indudable beneficio para todo el sistema costero español, especialmente en la zona de Levante, ha tenido también sus efectos perniciosos en otras zonas, como es el caso de la Bahía de Cádiz.
Mientras que antes de la aprobación de la Ley -explica Juan Manuel García de Lomas- el Dominio Público Marítimo Terrestre llegaba justamente hasta las vueltas de afuera, con la nueva legislación se adentraba en las salinas, lo que en principio equivalía a derogar la propiedad para convertirla en concesión administrativa temporal.
Las causas
El primer problema que ocasionó fue una de las causas del deterioro del sistema salinero por el abandono de la actividad, en unos casos debido a los bajos precios de la sal y en otros por las trabas administrativas.
El salinero había perdido el valor principal de la salina, que era la propiedad y la que servía ante los bancos como aval en el caso que querer invertir en mejoras de la explotación o en su diversificación, por ejemplo, con la reconversión acuícola.
La filosofía de la Ley de Costas no estaba mal enfocada, pero abocaba a los salineros a un problema mayor por cuanto esa misma Ley no atribuía al Estado -ahora dueño de las salinas- el mantenimiento del sistema salinero, sino que lo incluía entre las obligaciones de la concesión temporal del suelo.
Sin propiedad para avalar créditos, los salineros han conservado las propiedades pero no la explotación y en la actualidad la práctica totalidad del sistema salinero está abandonado.
Eso no ha ocurrido en otras actuaciones del Estado, como la protección de Doñana que se hace por los cauces lógicos. Esto es, el Estado se hace cargo del Parque Nacional con totas las consecuencias, que implican su mantenimiento y desarrollo. Existe además el principio incumplido por parte del Estado aparejado a cualquier tipode concesión pública. Esto es, si concede un suelo para determinada labor, la labor debe de ejecutarse o en caso contrario recuperar la concesión.
Claro que eso obligaría al Estado a mantener las salinas abandonadas por los concesionarios, que es lo que siempre ha evitado hacer en una clara dejación de funciones que ha desencadenado el deterioro galopante del todo el sistema salinero, contadas excepciones aparte.
Los fondos
¿Cómo se va a llevar a cabo el proyecto de reparación de las vueltas de afuera que es ahora lo más urgente, tanto por el deterioro que sufren como en previsión de una subida del nivel del mar a consecuencia del cambio climático?
Pues a la espera de que la Demarcación de Costas presente su propuesta, con toda seguridad, a través de los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), que es lo que hay sobre la mesa en estos momentos. A ello se podrían sumar los fondos del Plan Especial de la Almadraba a través de la Junta de Andalucía.
En lo que concierne a la explotación de las salinas más asequibles a proyectos diversificados aunque sostenibles medioambiental y económicamente, habría que tirar de la iniciativa privada si existiera una tutela pública, porque hasta ahora la iniciativa privada ha estado sin iniciativa.
En ese terreno están la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) a través de los proyectos aprobados en la Bahía (que no en San Fernando). Pero Costas, precisamente la gran culpable de todo lo ocurrido... A ver si a alcaldesa consigue algo con esas reuniones en Madrid. Un milagro, por ejemplo.
Los robos
La Administración del Estado no ha sido la única que en el mejor de los casos, se ha equivocado en el planteamiento de la Ley de Costas en la zona de la Bahía de Cádiz.
También la Junta de Andalucía pone de su parte para que otras actividades alternativas a la salinera puedan salir adelante con la rentabilidad suficiente para su supervivencia. Entre los grandes problemas que se encuentran los empresarios del sector acuícola está el de los robos, no sólo por los furtivos que hacen su agosto en las naves de engorde, sino por las aves.
Juan Manuel García de Lomas deja caer esa predilección de las Administraciones sobre la protección de las aves antes que sobre la actividad económica de la zona que realmente sería la que procuraría la conservación del ecosistema y pone como ejemplo el ave que está en las pesadillas de los acuicultores: el cormorán. Se trata de una especie que no existía en la Bahía y que ha llegado con la acuicultura. Sin embargo no se considera especie invasora como la uña de león, el cangreso azul o el camarón pistola, por poner algunos ejemplos. La Administración es la que pone las bases para que se robe, es lo que viene a decir García de Lomas.
Entrevista completa realizada en Radio La Isla