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“Otra vez quieren criminalizar la prostitución y no todo es trata"

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Cádiz considera que también es un trabajo y tiene que regularse como actividad laboral.

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Han sido unos años difíciles en los que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en la provincia de Cádiz a redoblado esfuerzos en concienciación y defensa de los derechos de las personas.    

Pero el hecho de que hayan sido años difíciles no merma la capacidad de esta organización de abordar aquellos problemas sociales que se presentan a nivel de colectivos o de personas. Antes bien, se crecen en las dificultades.      

Marisol Gómez y Luisa Cortés, esta última secretaria de la APDHA de Cádiz, estuvieron en Radio La Isla para hablar de los problemas en las diferentes áreas en las que trabajan. Marginación, cárceles, solidaridad internacional, trabajo sexual, educación y migraciones son los campos de trabajo de la asociación.    

Eso no significa que se las distintas áreas se conviertan en compartimentos separados, sino que la acción exige transversalidad para lo que es necesario una coordinación entre todos los miembros de APDHA.    

La Asociación forma parte de la mesa municipal para las personas sin hogar en la que han presentado una guía de recursos para personas sin hogar y un protocolo de todas las organizaciones que trabajan con personas en situación de exclusión social o sin hogar.

“Esto es un avance que en este año se está empezando y estamos muy contentos”, dice Luisa Cortés, aunque “queda mucho por hacer y seguimos reivindicando una unidad de calle y disciplinar que trabaje in situ con las personas y  un centro de baja exigencia donde las personas puedan estar acogidas. Pero estamos contentos y consideramos que este año se ha avanzado porque hemos hecho un trabajo conjunto”. No obstante, la participación de en la mesa municipal supone otros problemas emanados de la externalización de servicios -dice Marisol Gómez- y esas empresas tienen su organización propia.    

“Nuestra postura es que cuanto más sean públicos esos servicios mejor funciona para todos, aunque todo el mundo está haciendo una labor encomiable”. Eso ralentiza los pasos que se deben dar “más de lo que nosotros quisiéramos”.    Aún así, dicen tanto Marisol Gómez como Luisa Cortés, “estamos en un punto en el que podemos decir que estamos dando pasos hacia adelante”.

Vulnerabilidad

Una de las cosas que más trabajo han dado sigue dando es la lucha por las personas vulnerables. La utilización de las redes sociales de forma espuria por colectivos más o menos identificados o personas obligan a realizar una labor pedagógica en los colegios y a través de las mismas redes sociales para que los ciudadanos “no se confundan”.

“La situación de los migrantes no es una situció de alerta ni de miedo. Es una situción natural aunque pueda haber una situación de ilegalidad porque nuestra normativa así lo dice, pero quien cambia de país no comete ningún delito. No hay que tratarlos como delincuentes ni criminalizarlos”, dice Marisol Gómez.    

Otro de los programas complicados es el de la prostitución, donde choca conceptos e intereses y cuya solución podría requerir de algo más que una legislación que no permita un trato analizando las causas personales de los trabajadores sexuales. “Ante el fenómeno de la prostitución hay en nuestro país como dos tendencias que a veces parecen irreconciliables. Hay personas que están por la abolición de la prostitución y nosotros sin embargo trabajamos desde la perspectiva de defender los derechos de las trabajadoras y trbajaores sexuales”, dice Gómez.

“Cuando una persona realiza una actividad que le proporciona el sustento hay que garantizarle también todos sus derechos laborales”, sigue diciendo Gómez que ve que “otra vez se trata de criminalizar la prostitución”.

Y es que a veces hay discursos que dicen que no van contra la persona que ejerce sino contra los clientes, contra el ambiente..., “pero en el fondo es lo mismo porque estamos incidiendo negativamente en la actividad que les da de comer”.    

 Eliminar la prostitución, según la APDHA, obligaría a resolverle la vida a las personas que la ejercen para que no tuvieran que seguir ejerciéndola.    

Eso es algo muy difícil porque además algunos colectivos que luchaban por los derechos de las personas tienen ya otro discurso, pero desde al APDHA siguen defendiendo que el trabajador del sexo pueda justificar sus ingresos como lo haría cualquier otro trabajadores y tener así sus derechos laborales emanados de su actividad.    

“Todo no es trata de personas”, dice Gómez, mientras que algunas políticas tendentes a invisibilizar la prostitución tiene como consecuencia que cada vez sea más difícil ayudar a estas trabajadoras. Porque la prostitución está ahí; los derechos, no.

La entrevista es parte del programa La Isla Actualidad de 7TV Bahía y Radio La Isla

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