La Audiencia Provincial de Almería acogerá mañana la vista oral contra el administrador de una empresa beneficiaria de los cursos de formación de la Junta de Andalucía, que se enfrenta a dos años y tres meses de cárcel por un presunto fraude en la subvención percibida.
La calificación del fiscal, consultada por Efe, señala que la dirección provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) concedió el 21 de enero de 2010 y el 26 de enero de 2011 la concesión de subvenciones a la empresa Abakan S.L.
El acusado era administrador de dicha sociedad mercantil y fue quien solicitó las ayudas del programa "32D: formación para el empleo", así como quien daría las clases y, "en definitiva", de la actividad "objeto de subvención".
"Con ocasión del informe emitido por la Cámara de Cuentas de Andalucía, relativo a la fiscalízación de subvenciones del SAE para la formación para el empleo (...) se detectaron diversas irregularidades", apunta la Fiscalía.
En este sentido, incide en que dichas irregularidades afectaban, entre otros, a la falta de control sobre la aplicación efectiva de la acción formativa y a la justificación y liquidación de las subvenciones concedidas a la empresa.
Sobre las mismas, añade que "tras la correspondiente investigación policial" se constató presuntamente que "se habían alterado documentos referentes tanto al profesorado del curso, como a los alumnos que habían recibido el mismo".
El fiscal mantiene en esta línea que el acusado recibió y tramitó las ayudas de los alumnos del curso 'Técnico de sistemas microinformáticos', incidiendo en que para poder llevarlo a cabo era necesaria la existencia de un número mínimo de éstos.
Asimismo, el Ministerio Público recoge en su escrito los nombres de dos personas que se habían desvinculado de la empresa años antes, ya que el acusado habría presentado en septiembre de 2010 un expediente del curso en el que uno de los citados certificaba que la Junta General Extraordinaria lo había autorizado para "solicitar y coordinar la subvención a la Junta de Andalucía", imitando su firma.
El curso se inició en noviembre de 2015 y en su expediente administrativo constaban, además del acusado, otras dos personas como monitores de dicha actividad formativa.
Uno de estos supuestos monitores "no tuvo participación alguna en el curso subvencionado", si bien el acusado tenía sus datos por haber colaborado anteriormente con Abakan S.L.
También mantiene el fiscal que sólo tres de los diez alumnos que iniciaron el curso lo acabaron, por lo que ante el riesgo a perder la subvención, ya que cada día los participantes debían firmar una hoja a modo de control de asistencia que eran remitidas a la Junta, procedió a "alterar los referidos partes" con firmas de alumnos que habían dejado de asistir.
El fiscal señala los nombres de tres de estos alumnos cuya firma imitó, en 27 ocasiones en el caso de dos de ellos y hasta 87 veces en el del tercero, que sólo asistió tres días a clase.
La Fiscalía considera que estos presuntos hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad documental por el que interesa dos años y tres meses de prisión.
