El tribunal del juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo evitará que los testigos de carácter más politíco puedan coincidir con la campaña para las elecciones generales que arrancará a mediados de abril.
Por ello tiene previsto que los primeros testigos a citar sean los de carácter político, como son el expresidente Mariano Rajoy, los tres exmiembros de su Gobierno que han sido reclamados y también los mandatarios catalanes, entre los que se incluye al actual presidente del Parlament Roger Torrent o el vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonés.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del alto tribunal que no se atreven a poner fecha a estas citaciones estando pendiente aún la declaración de diez de los acusados, que se reanudará este martes con el interrogatorio al exconsejero de Presidencia Jordi Turull, que fue también candidato fallido por dos ocasiones a la Presidencia de la Generalitat.
Se confía, en todo caso, que la fase de interrogatorios pueda solventarse entre esta semana y la próxima y que antes de 15 días pueda iniciarse la fase testimonial, aunque para ello haga falta habilitar sesiones los viernes o incluso los sábados.
Además de Rajoy, están citados la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los exministros Cristóbal Montoro y Juan Ignacio Zoido --este último aceptado en las cuestiones previas que se sustanciaron al inicio de la vista la semana pasada--. Lo tres primeros son testigos solicitados por Vox, por lo que serán los letrados de la acusación popular --que aún no se ha estrenado, al negarse los acusados a contestar a sus preguntas-- los que los interrogarán en primer lugar.
Igualmente, las fuentes consultadas apuntan a que se citará lejos del calendario electoral a los políticos catalanes aceptados como testigos, entre los que se encuentran además de los ya mencionados los diputados Joan Tardá y Gabriel Rufián o la alcaldesa de Barcelona Ada Colau.
INTERROGATORIOS PARA MAÑANA
Respecto al primer declarante de mañana, Jordi Turull, la Fiscalía solicita para él 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado le pide 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación; mientras que VOX eleva su reclamación a 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
El Ministerio Público afirma en su escrito de acusación provisional que participó en el diseño del plan del proceso soberanista y autorizó a los diferentes departamentos del Gobierno catalán a realizar las acciones y contrataciones necesarias para el 1-O. Defiende también el Ministerio Público que desde su Consejería se financió la creación de páginas web, la publicidad institucional, cartelería, gasto en papeletas, censo electoral y citaciones a los miembros de las mesas de votación.
Durante la instrucción de la causa, Turull ha negado el uso de la violencia en todo el proceso a y ha asegurado asegura que no tuvo ninguna responsabilidad en las contrataciones para el referéndum. Además, ha rechazado la malversación de fondos públicos que se le atribuye porque, según indica, aún no ostentaba el cargo en la Generalitat.
TRAS TURULL, ROMEVA
Una vez declare Turull, el siguiente acusado en ocupar la mesa y la silla reservada para los interrogatorios en el Salón de Plenos será el exconsejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia Raül Romeva, que se enfrenta a la misma petición de penas que Turull.
La Fiscalía afirma sobre Romeva que fue otro de los miembros del Gobierno catalán de Carles Puigdemont que participó en las reuniones para organizar el proceso independentista. Con la finalidad de celebrar el 1-O, su departamento se encargó de sufragar las delegaciones del Govern en el exterior (que funcionaban como embajadas); de la campaña internacional de la Generalitat; así como las página web internacionales y la contratación y financiación de expertos y observadores internacionales.
La defensa de Romeva insiste por su parte en que no hubo ningún alzamiento violento y, por tanto, se debería descartar el delito de rebelión. También dice que la votación del 1 de octubre era legal y que existe una causa general contra el independentismo.
A continuación, previsiblemente a partir del miércoles declararán Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad) y Dolors Bassa (Trabajo, Asuntos Sociales y Familia), todos ellos en prisión provisional.
Les seguirán los exconsejeros en libertad Meritxell Borrás (Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa y Conocimiento), a quienes se acusa de desobediencia y que al igual que sus compañeros en el Ejecutivo de Carles Puigdemont han sido acusados de malversación.
Tras ellos, y en consonancia con el relato de la Fiscalía, declararán los líderes sociales Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural), y cerrará esta fase del juicio el interrogatorio a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
