El tiempo en: Marbella
Publicidad Ai
Publicidad Ai

Jaén

La Junta asume ya que el tranvía se activará tras las Municipales

“Si no hay acuerdo antes, los ciudadanos tendrán la palabra en mayo”, dice el consejero Felipe López.El Ayuntamiento pide volver al pacto de mayo.

Publicidad Ai Publicidad AiPublicidad Ai Publicidad Ai
Publicidad AiPublicidad Ai Publicidad Ai
Publicidad AiPublicidad Ai
Publicidad Ai
  • Ana Cobo, Felipe López y José Manuel Higueras, ayer en la rueda de prensa -

“Me hubiera gustado no estar aquí hoy”, dijo ayer el consejero de Fomento, el jienense Felipe López, al iniciar su comparecencia informativa para explicar la nebulosa en la que ha vuelto a entrar el futuro del tranvía de la capital. Con semblante serio y tono enérgico, López justificó su presencia para reiterar el “compromiso firme, completo y definitivo” del Gobierno andaluz para seguir con la hoja de ruta que haga posible la activación del sistema tranviario, y ello pese a mostrar su “convicción” de la “actitud de bloqueo” del Ayuntamiento jienense. Para el consejero andaluz, “no es casual” que la empresa de autobuses Castillo haya recurrido de nuevo a los tribunales, como ya hizo en abril de 2011, cuando un juez decretó la suspensión cautelar de las pruebas en blanco del tranvía. Y, tras precisar en que  la pelota está ahora en el tejado del Consistorio (que debe aprobar el convenio para poner a disposición de la Junta la gestión del sistema tranviario), López insistió de nuevo en que en ningún momento, y en ningún documento, se estableció que los vagones deban ser sufragados también por la Junta, como demanda el gobierno local del PP. Así las cosas, el consejero se esforzó por alejar el nuevo desencuentro con el Ayuntamiento de la confrontación política. “No quiero meter el tranvía en la campaña electoral”, dijo López, después de defender que tampoco quieren afrontar este tema desde la “equidistancia”.  Y así fue cuando el consejero admitió estar menos esperanzado en llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento. “Si no hay acuerdo antes, los ciudadanos tendrán la palabra en mayo”, sentenció Felipe López, que posteriormente reprodujo su sentimiento de cierto escepticismo: “Seguiremos intentando que el Ayuntamiento cambie de opinión, o si no que cambie el Ayuntamiento”.

Antes, Felipe López reiteró que la declaración del tranvía como metropolitano (que ha motivado la demanda de Castillo ante el TSJA) es una decisión “absolutamente pertinente y legal”, y se mostró confiado en que los tribunales le den la razón. Calificó de “absolutamente surrealista” el argumento municipal de que no incluir los vagones en el coste de explotación podría suponer un trato de favor a la empresa que lo gestione. Y recordó que en Granada, Junta y ayuntamientos lo financian al 83 y 17%, y en Jaén es al 90-10%, al tiempo que recordó que la Junta salió “en auxilio” del Consistorio dándole 17 años para pagar los vagones en letras trimestrales. Hasta ahora sólo han pagado casi 4 millones.

Manuel Bonilla

Por su parte, el concejal de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Jaén, Manuel Bonilla, salió al paso de las declaraciones de Felipe López sobre el tranvía e instó a la Junta a “volver a la senda del acuerdo” de mayo que, a su juicio, contempla incluir el valor de los vagones en el coste de explotación. Bonilla defendió un acuerdo “sostenible económicamente para el Consistorio”,  El también teniente de alcalde jienense señaló en un comunicado que el Ayuntamiento “no ha pagado nunca de manera voluntaria ninguna factura del sistema tranviario”, sino que  “todas han sido descontadas de la Patrica, además con un recargo del 20% que el propio Tribunal de Cuentas ha señalado como improcedente”.  “No se puede al mismo tiempo exigir que cumplamos con el principio de estabilidad presupuestaria y además pedirnos que asumamos el coste de los vagones del tranvía, pues de este modo incumpliríamos este principio y la propia ley exigiría que tomásemos medidas”, dijo Bonilla. Y recordó que el Consistorio pidió que la Agencia Tributaria Andaluza devolviera los recargos de apremio por el cobro de facturas de los vagones que no eran ingresos de derecho público, como estableció  el Tribunal de Cuentas.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN