El Gobierno andaluz mantiene su calendario y el PSOE ya ha reiterado que hará lo posible porque haya consenso y salgan adelante estas normas en el Parlamento: Vivienda, antes de que finalice el año y para 2010 las de Régimen Local, participación de los entes locales en los tributos de la Comunidad y Ley de Aguas, aunque no parece que el fácil el acuerdo.
PP e IU ya han presentado enmiendas a la totalidad a la Ley que garantizará el derecho a una vivienda digna, trámite que se solventará con la mayoría socialista pero que abrirá un intenso debate vía enmienda en el Parlamento. La oposición más frontal es la del PP, que rechaza que los ayuntamientos asuman el grueso de la responsabilidad, además de cuestionar que facilite que los ciudadanos puedan acceder a ese derecho.
En las leyes de régimen local y participación en los tributos de la Junta, se espera el dictamen final para este mes (podría estar este martes) del grupo de expertos creado en el Parlamento para cerrar un marco básico consensuable sobre las competencias municipales, su régimen de financiación así como la fórmula para participar en los tributos, eje central de la oposición del PP, que pide que ésta sea directa, que tira de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para marcar distancias con el Gobierno.
La última de las normas en liza, la de Aguas, cuenta con la oposición de los populares desde los inicios de su tramitación y ya habla de inconstitucionalidad.
La patata caliente del anteproyecto de Ley de Aguas
El anteproyecto de Ley de la Ley de Aguas está siendo en la actualidad analizado por el Consejo Consultivo de Andalucía, cuyo informe no vinculante, determinará si continúa adelante el texto actual o debe ser revisado. A las críticas que desde el inicio de su tramitación, cuando aún se presentaba como borrador ante el Consejo Andaluz del Agua, le ha hecho el Partido Popular se ha unido el rechazo frontal de la organización agraria Asaja, que incluso ha encargado un informe jurídico al catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo que cuestiona la constitucionalidad del anteproyecto.
Así, el presidente de Asaja-Sevilla, Ricardo Serra, pedía la semana pasada a la Consejería de Medio Ambiente que frenara el proyecto y que abriera un periodo de reflexión y diálogo para consensuar posturas y evitar “una batalla legal interminable y absolutamente innecesaria” como la que se registró con la ley de reforma agraria.
—Dudosa constitucionalidad—
A juicio de Asaja, el anteproyecto de esta ley es de dudosa constitucionalidad, crea inseguridad jurídica, tiene un afán recaudatorio y tiene la intención de acabar con el regadío. “La ley es absolutamente intervencionista, rayando en la planificación estalinista”, apostillaba Serra.
El dirigente de Asaja denunció que “la defenestración” de Jaime Palop como responsable de la Agencia Andaluza del Agua truncó el ambiente de diálogo existente entre la Consejería de Medio Ambiente y los agentes económicos y sociales, que permitió suscribir el Acuerdo Andaluz por el Agua, y ha dado paso a una nueva etapa marcada por la falta de diálogo y el intervencionismo, además de que la norma puede verse crucialmente afectada por el futuro fallo del Constitucional sobre las competencias del Guadalquivir.
El informe de Pérez Royo sostiene, entre otros aspectos, que el anteproyecto “muestra una línea que acentúa la intervención de la Administración en el control del uso del agua” y en el “se observa una restricción de los derechos de los titulares de aprovechamientos sobre el agua respecto a la regulación vigente en el estado”.
La Ley de Inclusión Social se queda pendiente de los Presupuestos
Era el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien la pasada semana reconocía que no podía dar un calendario para la aprobación de la Ley de Inclusión Social -llamada también de Renta Básica- porque su redacción está muy condicionada a la evolución de los ingresos de la Comunidad, una incógnita de la operación imprescindible para determinar la financiación de esta prestación.
Esta norma es un viejo compromiso de los socialistas, incluido en varias ocasiones en sus programas electorales e incluso se presentó en la anterior Legislatura un anteproyecto que decayó ante la celebración de las elecciones autonómicas. Además, los partidos de la oposición han presentado en el Parlamento varias iniciativas legislativas para redactar la norma, especialmente de IU -que cree que la renta debe establecerse en unos 600 euros mensuales- sin que haya recibido nunca el apoyo de los socialistas para salir adelante.
