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El fiscal mantiene sus peticiones para el juicio del caso Escalinata

Comenzará el 4 de junio. Los abogados de Ortega y del arquitecto alegan que los delitos de los que se les acusa han prescrito

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El juicio por la causa penal ante la supuesta construcción ilegal del parking Escalinata comenzará el 4 de junio en la sección 7ª de la Audiencia Provincial, en Algeciras, donde hoy se han presentado una serie de cuestiones previas al tribunal formado por tres magistrados.

La Fiscalía mantiene la petición de penas de diez años de inhabilitación especial por un presunto delito de prevaricación para los exalcaldes socialistas Tomás Herrera y Juan Antonio Palacios y el exconcejal de Urbanismo andalucista José Ortega, así como diez años de inhabilitación especial por un supuesto delito de prevaricación, además de cinco años de prisión, otros cinco de inhabilitación especial y una multa de 10 euros al día durante 24 meses por un presunto delito de falsedad documental para el entonces arquitecto municipal Arsenio Pacios.

Tras el reciente acuerdo entre el Ayuntamiento y la asociación de propietarios del edificio dañado por la obra del parking, el colectivo vecinal se ha retirado de la causa, por lo que tanto el Consistorio como las dos aseguradoras no continuarán como acusados en esta causa como responsables civiles subsidiarios.

El abogado del arquitecto, en las alegaciones previas, solicita que se retire la acusación de falsedad documental, alegando tanto que ha prescrito como indefensión, al considerar que ésta no figuraba en la acusación original de este caso.

En la misma línea, el letrado que defiende a Ortega solicita que se retire la acusación por prevaricación al considerar prescrito el supuesto delito, ya que, según su alegato, no se le he preguntado en 14 años por la licencia de obra del parking, que ahora supone la principal acusación contra el exconcejal.

Antes de estas alegaciones, los abogados de todas las partes habían solicitado el sobreseimiento de la causa, cuestión que fue rechazada por el tribunal, que también rechazó el argumento de que éste podía estar “contaminado” por el impacto que el caso ha tenido en la sociedad algecireña y en los medios de comunicación.

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