El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha vuelto a rechazar la petición del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados de citar en calidad de investigados a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, así como a los exdirigentes Esperanza Aguirre e Ignacio González y la exalcaldesa de la capital Ana Botella en la causa de la trama Púnica.
Lo hace el letrado en un nuevo auto, fechado a 12 de febrero de 2018, donde rechaza el recurso de reforma interpuesto por Granados contra un auto del pasado 5 de diciembre, donde el juez Manuel García Castellón descartaba citar por el momento como investigados a los cuatro políticos madrileños, tras una petición en este sentido realizada en octubre.
El magistrado García Castellón le respondía que la citación en calidad de investigado "no es una cuestión baladí" y que en modo alguno se justifica, ni en su escrito ni en el momento actual de la investigación que dirige, adoptar las decisiones que formulaba la representación procesal de Francisco Granados. Le recordaba, además, que será el resultado de las diligencias que se siguen practicando en este momento de la instrucción las que determinen el devenir de sus actuaciones.
Granados, que en un primer momento solicitó que sus excompañeros de filas declararan en calidad de testigo, formuló su solicitud tras los últimos interrogatorios practicados por el juez al exviceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Miguel Ángel Ruiz y del empresario Marcelino Elosúa sobre las presuntas irregularidades cometidas en las empresas Prisma y Arpegio.
En este nuevo auto, el juez desestima el recurso de reforma y mantiene en "su totalidad" lo acordado en el auto del 5 de diciembre, entre otras cuestiones, porque entiende, y de conformidad con lo ya expresado por el Ministerio Fiscal, que las diligencias propuestas son "inútiles y perjudiciales".
EVITAR PRÁCTICAS QUE RESPONDAN A "INTERESES ESPURIOS"
Además, tras valorar "de forma suficiente y razonada la necesidad y pertenencia de las diligencias interesadas", el juez señala que "ha de tratar evitar que se practiquen diligencias que respondan a intereses espurios". "Tal es así que se diferencian las diligencias que se consideran perjudiciales o no pertinentes en este momento procesal y aquellas otras que sí se consideran que garantizan el derecho de defensa" de Granados.
En el mismo sentido, añade que en ningún caso lo dispuesto en el auto del pasado 5 de diciembre "ha causado indefensión" a Granados "ni vulnera los derechos de defensa o tutela judicial efectiva, ya que la admisión de las testificales interesadas solamente quedan en suspenso hasta que la representación procesal de Granados indique los motivos que justificaría llamarles.
Todo ello, "a los efectos de poder valorar y ponderar la pertinencia de la prueba y realizar su citación conforme a derecho," sin perjuicio de poder pedir la citación de determinados testigos en el momento del juicio, como pueden ser los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "que intervinieron en los atestados unidos a las actuaciones", subraya.
En cuanto al careo que había solicitado con el presunto cerebro de la trama Púnica, el empresario David Marjaliza, "deberá quedarse a la espera de la nueva ronda de declaraciones y posibilidad de las partes de llevar a efecto las preguntas que consideren necesarias al respecto", dice el letrado.
NO SE VULNERA EL DERECHO DE DEFENSA DE GRANADOS
En este punto, recalca que tampoco se ha vulnerado ni limitado el derecho de defensa de Granados al no admitir las declaraciones como investigados de Cifuentes, Aguirre y González.
Tras el auto del 5 de diciembre, el letrado de Granados en un escrito al que tuvo acceso Europa Press, explicaba que pedía la imputación de los arriba mencionados (además del exviceconsejero Borja Sarasola, el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez y los exconsejeros Lucía Figar e Ignacio Echeverría) en base a los cargos que han ostentado durante los años que son objeto de investigación y "por posibles competencias inherentes al cargo".
"¿Por qué a mi representado se le pretenden imputar responsabilidades por ser secretario de campaña, y para los otros, que han ostentado la misma carga, esto no vale?", se preguntaba su letrado que denunciaba que la batería de diligencias solicitadas no se hacen "caprichosamente" sino para esclarecer los hechos que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y por tanto "no son impertinentes ni perjudiciales".
El acusado, en su recurso de reforma, pedía que se declarara la nulidad del auto del magistrado por vulnerar el derecho de defensa y de tutela judicial efectiva de Granados e insistía en que adoptara las diligencias formuladas en los escritos remitidos al instructor los pasados 5 y 20 de octubre.
En el citado auto del 5 de diciembre, el juez también le pidió que detallara los motivos por los cuáles formulaba la petición de que acudieran en calidad de testigos más de una decena de personas, entre ellas la actual presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, la consejera de Economía, Engracia Hidalgo, y concejales del Ayuntamiento de Valdemoro.
