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San Fernando

La Policía Local asume su primer caso mediante el sistema Viogen

Cabe recordar que San Fernando se adherió al Sistema Integral de los Casos de Violencia de Género en enero de 2016 junto a otros 31 ayuntamientos.

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  • Policía Local. -

La Policía Local de San Fernando ya tiene asignado el seguimiento del primer caso de violencia de género, a raíz del acuerdo que el Ayuntamiento isleño firmó con el Ministerio del Interior y que permitía la integración del Cuerpo de Policía Local en el Sistema Integral de los Casos de Violencia de Género (Viogen) para reforzar la lucha y protección de las víctimas de violencia.

Cabe recordar que San Fernando se unió al sistema Viogen en enero de 2016 junto a otros 31 ayuntamientos andaluces, buscando establecer una tupida red que permitiera el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos e hijas, en cualquier punto del territorio nacional.

Hasta la puesta en marcha del sistema Viogen, las funciones de prevención, vigilancia y protección de las víctimas de violencia de género eran desempeñadas exclusivamente por la Policía Nacional; incorporándose posteriormente, gracias a este método, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, juzgados, instituciones penitenciarias, unidades de violencia de género de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y las Policías Locales de los ayuntamiento adheridos, “de forma que interactúan compartiendo información en sus respectivos campos para asegurar una protección efectiva de las víctimas, optimizándose así los efectivos de protección”, asegura el concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Ignacio Bermejo.

En este sentido, destaca el edil del equipo de gobierno la “agilidad y mejora de la calidad” de los servicios que se prestan a las mujeres que tienen alguna orden de protección en San Fernando, gracias a la incorporación al sistema, como un actor más, del Grupo SAF (Servicio de Atención a la Familia) de la Policía Local isleña.

Todo este proceso se artiula a través de una aplicación informática desarrollada por el Ministerio de Interior, a la que se ha incorporó la Policía Local .

El Ayuntamiento se adhirió en marzo de 2006 al protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la protección de víctimas de violencia doméstica y de género, acuerdo suscrito entre el ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

De este forma, los agentes designados del Cuerpo de Policía Local realizaron la correspondiente acción formativa por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad en noviembre de 2014 y, un mes más tarde, la Junta Local de Seguridad de San Fernando, aprobaba la adhesión del Ayuntamiento al procedimiento específico de colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad existentes en el término municipal.

El objeto de ese acuerdo era la participación del Cuerpo de la Policía Local de San Fernando en la ejecución y seguimiento de las medidas judiciales acordadas para la protección de víctimas de violencia de género residentes en el término municipal. Este protocolo establecía los criterios de actuación y pautas específicas de coordinación entre la Policía Local y la Policía Nacional de San Fernando, así como los criterios de comunicación y coordinación de las Fuerzas de Seguridad con otras instituciones implicadas en estas actuaciones, “contemplándose ya toda la casuística diaria de trabajo en este ámbito”.

Tal y como sostiene Bermejo, la protección de la mujer frente a la violencia de género y doméstica “representa uno de los principales retos asumidos por la Policía, por lo que la cooperación con otras instituciones resulta fundamental para la consecución de los objetivos que marca un reto como éste”.

“Por un lado –añade- la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y, por otro, tanto el Estatuto de la Víctima de Género como el Estatuto de la Víctima demandan de los investigadores el mayor esfuerzo de coordinación de acciones a nivel local, autonómico y nacional con el fin de disminuir trámites superfluos que puedan suponer una segunda victimización”, concluye.

 

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