El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha alertado hoy a los diputados de su grupo parlamentario de que los actuales acontecimientos políticos y la crisis catalana sitúan a España en el camino hacia un "estado de excepción" por el uso partidista de las instituciones por parte del Gobierno.
"El PP está creando un estado de excepción", ha dicho Iglesias al abrir la primera reunión del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en este periodo de sesiones en el Congreso, marcado fundamentalmente por el debate soberanista en Cataluña.
El líder de Podemos ha intervenido al inicio de la reunión, que se celebra a puerta cerrada, para hacer un breve análisis político sobre la situación en Cataluña, la corrupción o el "uso partidista de las instituciones por parte del PP", según fuentes del grupo parlamentario.
Según su análisis, el PSOE "no se siente cómodo" en el actual contexto político, y ha aprovechado para reiterar "la necesidad de organizar la alternativa para echar" al Partido Popular del Gobierno, porque, en su opinión, España se merece más.
Tras su pequeña introducción Iglesias ha dado la palabra a sus diputados para que puedan expresar su opinión y análisis sobre la situación política y el trabajo que les corresponde como parlamentarios.
Antes del comienzo del encuentro, la portavoz del grupo parlamentario, Irene Montero, se ha referido en declaraciones a los periodistas al acto de inicio de "campaña a favor del 'sí'" que Junts pel Sí celebrará esta tarde en Tarragona, y a la posibilidad de que sea prohibido.
Montero ha recomendado a todos los catalanes y españoles que se informen y conozcan sus derechos de participación, manifestación y reunión y que "los ejerzan".
"Estamos ante una deriva judicial que sólo aumenta el nivel de tensión y en un país democrático un acto para defender una opinión no debería estar sujeto a prohibición porque son derechos que están consagrados y forman parte de la base de la democracia", ha dicho Montero antes de instar a rebajar la crispación.
Ha admitido que la legalidad o ilegalidad de un acto la deciden los jueces, pero ha subrayado que la crisis catalana "no se resuelve así", sino dando la palabra a los ciudadanos.
Por eso, ha criticado que los problemas políticos se judicialicen, lo que ha calificado como una mala práctica y ha vuelto a apostar por buscar una solución política que, a su juicio, debe ser un "referéndum pactado y con garantías".
En cualquier caso, afirma que el próximo 1 de octubre lo que se va a producir es una movilización ciudadana y ante esa convocatoria insiste en que los catalanes tienen que "conocer sus derechos y ejercerlos" y los políticos trabajar para encontrar una solución política.
