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El paro de personas con discapacidad ha subido en Córdoba "un 22%"

El diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado ha alertado del "enorme aumento" que, a su juicio, se ha dado en los últimos seis años

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  • Antonio Hurtado. -

El diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado ha alertado del "enorme aumento" que, a su juicio, se ha dado en el paro registrado de personas con discapacidad en la provincia cordobesa en los últimos seis años, al contabilizarse "497 demandantes más y un 22 por ciento de incremento entre diciembre del 2011 y abril del 2017".

Así lo ha indicado este viernes Hurtado en un comunicado al hilo de una respuesta recibida por parte del Gobierno sobre el paro registrado de personas con discapacidad en la provincia de Córdoba en los últimos seis años.

Según explica el diputado socialista, la respuesta del Gobierno detalla que los demandantes de empleo con discapacidad en Córdoba han sido 2.246 en 2011, 2.569 en 2012, 2.566 en 2013, 2.654 en 2014, 2.718 en 2015, 2.677 en 2016 y 2.743 desempleados en abril de 2017, y, de este último paro registrado, 1.412 fueron hombres y 1.331 mujeres.

Hurtado ha explicado que, por ramas de actividad, este paro registrado en la provincia de Córdoba de personas con discapacidad ha sido de 392 personas en sector sin actividad, 186 en la agricultura, 206 en industria, 162 en la construcción y 1.797 en el sector servicios.

Según la respuesta del Gobierno citada por el PSOE, del paro registrado en Córdoba, 749 personas tienen una discapacidad no declarada, 831 personas tienen una discapacidad física, 721 personas con discapacidad psíquica, 409 personas con discapacidad sensorial y 33 personas con discapacidad del lenguaje.

Hurtado ha lamentado que la crisis económica "siempre se ceba con los más desfavorecidos", y en este caso también, según ha apostillado, ya que las personas con algún tipo de discapacidad son "las que más sufren las circunstancias económicas, dificultándoseles mucho la búsqueda de empleo".

Por ello, el diputado del PSOE ha hecho un llamamiento a las empresas y al sector público para que "cumplan con las obligaciones normativas de integración laboral de las personas con discapacidad y no traten de eludir las exigencias que hoy existen y que tendrán que ser mejoradas con vistas a futuro".

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