La Diputación de Cádiz va a poner en marcha una nueva edición del Plan Invierte, con el que se van a movilizar 16 millones de euros para obras a realizar en todas las ciudades, pueblos y entidades locales autónomas de la provincia.
La presidenta Irene García ha convocado en el Palacio Provincial a todos los alcaldes gaditanos, primero con una reunión del Consejo de Alcaldías en la que han participado los regidores de las localidades de menos de 20.000 habitantes y los presidentes de las ELAs, y, posteriormente, con un reunión con los alcaldes de los municipios de mayor población. El fin de estos encuentros ha sido presentarles esta segunda convocatoria del Plan Invierte que duplica su dotación respecto a la primera edición de 2016.
García ha mostrado su satisfacción por poder poner a disposición de los vecinos y vecinas de la provincia parte del remanente de Tesorería que arrojó la liquidación del Presupuesto de la institución provincial de 2016. En total son 16 millones los que se han conseguido movilizar de un total de 23 millones de saldo positivo y son el fruto de “la buena gestión realizada por esta Diputación, en la que, a pesar del ahorro conseguido, se han mantenido las políticas sociales, se han consolidado los servicios públicos de calidad y, en apenas dos años, se han destinado 12,6 millones de euros de recursos propios a las sucesivas entregas del Plan de Cooperación Local para generar contrataciones de desempleados en los 40 pueblos más pequeños”.
Según anunció la presidenta, todas y cada una de las 55 poblaciones de la provincia (44 municipios y 11 ELAs) recibirán por adelantado una importante cantidad con la que sus ayuntamientos podrán afrontar durante los próximos meses obras de mejora y acondicionamiento de calles, espacios públicos y equipamientos que libremente decidan.
Al mismo tiempo, esa inyección económica, ha explicado Irene García, contribuirá a mantener la actividad de las empresas locales, fundamentalmente del sector de la construcción, y consolidarán los empleos que actualmente mantienen, pudiendo incluso generar eventuales contrataciones debido al aumento de la carga de trabajo.
Nuevamente se ha establecido un criterio objetivo de reparto, atendiendo al número de habitantes de cada localidad. Así, los municipios de menos de 20.000 habitantes recibirán 250.000 euros. Los municipios con más de 20.000 habitantes dispondrán de 500.000 euros. Y las ELAs recibirán 100.000 euros cada una, cuadruplicando en este caso la cantidad recibida por las mismas en la anterior edición del Plan Invierte.
En todos los casos la inversión de este año supera a la del año anterior. Además, para dar facilidades a los ayuntamientos a la hora de gestionar los proyectos, la presidenta ha comunicado a los alcaldes que los plazos para completar la ejecución de los proyectos se ampliarán al menos hasta mediados del año que viene. En cuanto el Plan sea aprobado por el Pleno de la Diputación, al que se convocará en próximos días, se podrán iniciar las tramitaciones necesarias.
En conjunto, en sólo dos años y únicamente con las dos ediciones del Plan Invierte, la Diputación ha destinado 24 millones de euros para la creación de empleo y la mejora de las infraestructuras locales. Sumándole las tres entregas del Plan de Cooperación Local, esta cantidad ya asciende a 36,6 millones de euros. Y todo ello se traduce en la generación de miles de contratos en toda la provincia.
La presidenta de la Diputación se ha reafirmado en que la noticia trasladada hoy a los alcaldes demuestra la “voluntad política inequívoca de poner todo lo que está a nuestro alcance para combatir el desempleo. Demostrando que era posible hacerlo, en contra de lo que sucedió en los cuatro años anteriores en los que no se invirtió ni un euro de recursos propios para la creación de empleo desde esta Diputación”.
Por otro lado, destacó, las obras del Plan Invierte van a “permitir mejorar la imagen de la provincia, con el consiguiente beneficio para el sector turístico”. “Y además vamos a apostar porque, en la medida de lo posible y dentro de la legalidad, se prime la adjudicación de contratos a empresas locales”, dijo.
García recordó que la reinversión en la ciudadanía del remanente positivo de la Diputación ha sido “una batalla” con el Gobierno central, que ha obligado a retrasar la puesta en marcha del mismo. Por último, se lamentó de que “aún siguen condicionando esta medida a que las obras que se desarrollen sean financieramente sostenibles, cuando entendemos que deben ser los alcaldes y alcaldesas los que decidan a qué destinar los recursos, y no que lo haga alguien desde Madrid que no conoce las necesidades de cada municipio”.
