El PSOE ha registrado una serie de iniciativas en el Congreso reclamando al Gobierno que regule el uso de 'drones' para poder dotar de una mayor seguridad jurídica tanto a usuarios como a empresas, ya que, aseguran, la normativa actual sobre estas aeronaves únicamente regula su uso profesional.
Esta legislación, de carácter "provisional", según los socialistas, a través del decreto ley 8/2014, "es un parche para poner coto a algo que se imponía y se impone en nuestro país", advierten.
Por ello, los diputados socialistas César Ramos y Josefa González Bayo han registrado una batería de preguntas en las que demandan información y criterio sobre una nueva legislación que, aseguran, prepara el Ejecutivo.
La normativa actual, lamentan, no define un tipo de aeronave, sino la intención con la que se usa, ya que las regulaciones especiales solo afectan a aeronaves con fin profesional, al contrario de otros países. Por ello, preguntan al Gobierno cuándo tiene previsto "regular correctamente el pilotaje como hobby o el pilotaje que no tenga un fin explícitamente profesional".
SI HACIENDA LOS UTILIZA, ¿EN QUÉ LEGISLACIÓN SE AMPARA?
Por otro lado, también advierten de que el propio decreto ley señala la prohibición de que no se permite operar en aglomeraciones y edificios en ciudades o pueblos, ni cerca de personas y que, sin embargo, la administración recurre a estos aparatos para detectar posibles fraudes a la Agencia Tributaria.
Por ello, los diputados socialistas preguntan cómo ha llevado a cabo el Gobierno estas inspecciones aéreas en las ciudades españolas y en qué legislación están amparadas este tipo de actuaciones.
Por último, el PSOE también se dirige al Gobierno para preguntarle si en esa nueva legislación tiene intención de regular la acreditación profesional para los operadores de 'drones', ya que actualmente no existe un documento acreditativo para identificar como personal habilitado, a diferencia de otras profesiones.
Actualmente, los operadores de 'drones' únicamente disponen de una declaración responsable, emitida por la Agencia estatal de Seguridad Aérea (AESA), insuficiente para los socialistas para evitar la competencia desleal y la garantía de veracidad de los permisos otorgados a los profesionales.
