El número de personas que han fallecido durante 2016 intentando alcanzar las costas europeas se ha incrementado en un 34 por ciento respecto a 2015, y un 125 por ciento en las costas españolas, según un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).
El informe 'Derechos Humanos en la Frontera Sur 2017', presentado hoy en Sevilla, señala que se ha producido un "descomunal incremento" durante 2016 en el número de fallecidos intentando alcanzar las costas europeas y las españolas, y que hay una radicalización de las políticas que vulneran los derechos humanos en España y en la UE y que contravienen la legalidad internacional.
"Las políticas migratorias se han convertido en una máquina implacable de generar sufrimiento, provocar muertes y violar sistemáticamente los derechos humanos de las personas migrantes o refugiadas", ha señalado en una nota APDHA, que añade que "es profundamente miserable que se venda como éxito la gestión de flujos migratorios española, cuando se cuentan por cientos los muertos y desaparecidos".
Otro de los grandes "agujeros negros" en el ranking de vulneraciones en la geografía española es la existencia de ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) donde encarcelan a personas que no han cometido ningún delito, según la asociación, que recuerda que, según los datos del Ministerio del Interior, durante el año pasado solo el 29 % de las personas internadas fueron expulsadas.
"Se trata de un mecanismo inútil, que solo sirve como elemento de represión y castigo", critica la organización.
La situación es "si cabe más sangrante en algunos CIE", como el de Algeciras, y en 2010 la Oficina del Defensor del Pueblo pidió su cierre por ser sus instalaciones "absolutamente inadecuadas, con un más que deficitario estado de conservación y lamentable higiene".
APDHA señala que "en no mejores circunstancias" se encuentra el CIE de Tarifa, "donde hay celdas que tienen por retrete un agujero en el suelo expuesto a la vista de todos".
La asociación denuncia que "se profundiza hasta el extremo en la vulneración de los derechos humanos: se criminaliza a las personas refugiadas, se representa al migrante como una amenaza y se da carta blanca a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para reprender violentamente, con las devoluciones en caliente, el ejercicio de derechos como el derecho de asilo, el principio de no devolución, la prohibición de devoluciones colectivas y la protección de menores o de potenciales víctimas de trata".
En el informe, que recoge la investigación de campo realizada durante meses, además de recoger el trabajo que distintas organizaciones -públicas o privadas- realizan con las personas migrantes en Andalucía, Ceuta, Tánger y Melilla, detallan las opiniones de estas personas migrantes que esperan en los bosques de Marruecos próximos a la frontera.
"Viven atemorizados por las agresiones de la policía marroquí, que cada cierto tiempo les apalea y quema sus escasas pertenencias. Se preguntan, dado que sus países fueron desde antaño, y aún en el presente, expoliados y colonizados por Europa y sus empresas, por qué no se les deja entrar para buscar un futuro cuando hay una deuda legítima contraída con ellos", añade la asociación.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, además de denunciar las distintas formas en la que los gobiernos promueven y vulneran los derechos humanos, exige que se respeten los derechos de las personas en la Frontera Sur, se cumpla el derecho internacional y se establezcan vías seguras para que quienes huyen de la guerra y el hambre o por decisión propia puedan encontrar un futuro sin tener que arriesgar su vida en ello.
