El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso ha pedido explicaciones al Gobierno sobre las "deficiencias" en los Centros de Internamiento (CIE) de Algeciras y Tarifa, en Cádiz, tras el auto dictado del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras que requiere un conjunto de mejoras tanto en las instalaciones como en la atención a los usuarios.
En una batería de preguntas por escrito, la formación pregunta si el Gobierno ha realizado "alguna actuación dirigida a corregir las citadas deficiencias" y si "tiene constancia el Gobierno de que las deficientes condiciones de los CIE citados afectan al normal desarrollo de sus funciones habituales por los agentes de la Policía Nacional allí destacados".
Asimismo, plantea al Gobierno si se ha "barajado alguna vez" la posibilidad de unificar ambos centros "en uno solo de nueva construcción y de coste de mantenimiento menor" para conocer su posición al respecto.
La juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras ha dictado un auto por el que requiere a los directores de los dos CIE que operan en Cádiz mejoras como la construcción de espacios lúdicos adecuados en espacio y contenidos, la supresión de rejas en las habitaciones de los internos y su adecuación para que puedan disfrutar de luz natural, así el suministro de mudas para los internos, entre otras.
Sobre el caso particular de Algeciras, advierte que "en el patio de recreo apenas caben cuatro Ford Fiesta aparcados" y requiere la construcción de pistas deportivas en el módulo de hombres y en el de mujeres, la instalación de servicio de lavandería para los internos, la supresión de mamparas de cristal e hierro en la sala destinada a las comunicaciones y visitas del exterior, la instalación de máquinas de refresco o de tabaco, así como de duchas individuales en las habitaciones de los internos del módulo dos, conforme recoge el texto de Ciudadanos.
La formación se hace eco de estas reclamaciones además, un día después de la visita girada por miembros de la Comisión de Interior del Senado al CIE de La Piñera, en Algeciras, para conocer de primera mano sus condiciones, criticadas año tras año por el Defensor del Pueblo en su informe anual.
