El concejal de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Sevilla, Joaquín Castillo, ha valorado positivamente el dictamen del Consejo Económico y Social sobre el proyecto de modificación de las ordenanzas fiscales de 2017, defendiendo que en dicho documento, "se pone en valor el buen nivel de ejecución de ingresos y de recaudación, la transparencia en la aportación de información y, sobre todo, la congelación generalizada de las ordenanzas atendiendo a un criterio de prudencia".
"El Consejo Económico y Social de Sevilla coincide con el gobierno de la ciudad en que no es el momento de modificaciones bruscas ni de una revisión generalizada de las ordenanzas, sino de únicamente de realizar ajustes sobre unas ordenanzas fiscales que están actualmente en vigor y que son positivas para la ciudad de Sevilla", explica el delegado de Hacienda y Administración Pública, toda vez que el citado órgano consultivo considera que las nuevas ordenanzas "no plantean en general modificaciones sustanciales", pero lamenta determinadas alzas en la tasa de cementerio y la creación de nuevas figuras en la Gerencia de Urbanismo.
Del mismo modo, Castillo expone que "el gobierno de la ciudad se compromete a estudiar las distintas recomendaciones que se han realizado desde el Consejo Económico y Social de Sevilla a las ordenanzas fiscales y que en aquellos casos que sea posible técnica y económicamente, se podrán incorporar al texto que definitivamente se someta a aprobación por parte del Pleno del ayuntamiento de Sevilla".
En cuanto a las conclusiones del Consejo Económico y Social de Sevilla, Castillo destaca la valoración positiva que se realiza de las modificaciones introducidas en la ordenanza fiscal de medidas de solidaridad, impulso de la actividad y fomento del empleo creada en el año 2016 que permiten una bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) cuando se realicen transmisiones a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes o cónyuges, así como la reducción en el 95% en el ICIO para la promoción de viviendas destinadas al alquiler social o para obras de conservación, mantenimiento o mejora de viviendas.
El gobierno además valora positivamente que en las conclusiones del CESS se apunte "la necesidad de revisar la ordenanza de gestión del cementerio debido al desajuste existente entre los ingresos reales y el coste del servicio siempre reforzando los criterios sociales en la prestación del servicio, así como que cualquier incremento que se produzca en los precios públicos de Tussam afecte únicamente al billete sencillo, garantizando la congelación del resto de precios públicos".
