La guerra entre la Junta de Andalucía y la empresa de José Manuel Pascual Pascual, ha vivido un nuevo episodio y ya van las batallas en lo que va de año. Meses atrás, El delegado del Gobierno, Fernando López Gil señalaba, sobre una publicidad de la empresa, que “no se pueden usar bases de datos que son públicas para un uso privado” y, además, la Clinica San Rafael “no tiene un concierto que le permita prestar ese servicio”.
Con esas palabras, López Gil confirmaba que la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Salud, ya había denunciado por vía judicial contra la empresa José Manuel Pascual Pascual, SL, por su polémica campaña de publicidad en algunos medios de comunicación en las que insta a los “beneficiarios de la Sanidad Pública” que estén esperando a que se les llame para una intervención a que acudan a sus clínicas, en Cádiz, a la Clínica San Rafael, y en Huelva, por ejemplo, al Hospital Blanca Paloma, para así “reducir rápidamente los tiempos de espera para su cita”, y así ser intervenidos en sus instalaciones “de forma ágil y gratuita”.
Y días atrás, tras denunciar la empresa en los medios de comunicación que peligran los puestos de trabajo y que había tenido que cerrar algunas plantas de su clínica San Rafael, en Cádiz, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, adscrita a la Consejería de Economía y Conocimiento, incoaba expediente sancionador a la entidad José Manuel Pascual Pascual, S.A. por presuntas prácticas restrictivas de la competencia.
En una nota, la Agencia de Defensa de la Competencia detalla que el pasado día 15 se acordó la incoación del expediente sancionador ante “la existencia de indicios racionales de la realización de conductas que presuntamente serían contrarias al artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia”.
Eso mismo día, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, manifestaba que Pascual “tiene que llegar a una solución con el Gobierno andaluz” y resaltaba que “la empresa debe entender que la Junta quiere seguir con los conciertos y no tiene ningún interés en que no haya una solución” .
Con esas palabras la Junta de Andalucía volvía a dejar clara su posición de fuerza en las negociaciones por el concierto sanitario con sus centros sanitarios, aunque desde la empresa la estrategia parece ser la misma: entablar una guerra cuya última batalla se jugó estos días.
