Representantes de la Plataforma de Afectados por Expedientes y Multas Coercitivas de las Viviendas Ilegales, se han reunido recientemente para analizar la Ley 6/2016 de 1 de Agosto que modifica la actual LOUA.
En primer lugar, demandan “la redacción de una LOUA que resuelva las necesidades de miles de familias, tanto de El Puerto de Santa María como del resto de Andalucía, que dé solución a unos ciudadanos que malviven en un desamparo impropio de un Estado de Derecho”.
Afirman que “las leyes actuales, nos impiden derechos básicos, como demanda nuestra Constitución, como son agua potable, alcantarillado, electricidad, etc.;
Con la modificación de esta Ley, bajo nuestro punto de vista, no se soluciona nada de los problemas que nos aquejan, como son la paralización de los expedientes y multas coercitivas, los embargos, las retenciones de nóminas, los derribos e incluso las condenas de cárcel, teniendo en cuenta que todas esta situaciones se producen con un Plan General aprobado en Diciembre del 2013”.
Prosiguen asegurando que las “viviendas que están situadas en terrenos que han cambiado su calificación a urbano no consolidado, siguen en la misma problemática que anteriormente a la aprobación de dicho Plan”.
“Pedimos a nuestros políticos que ante todos estos problemas, tengan la capacidad de paralizarlos cautelarmente, hasta que podamos regularizar y legalizar nuestras viviendas, como así lo contempla el PGOU aprobado en Diciembre de 2013”, considera la Plataforma para aseverar que la nueva Ley 6/2016, solo da “salida a medias” a aquellos vecinos que compraron viviendas en suelo no urbanizable “de buena fe”, ofreciéndoles el Asimilado a Fuera de Ordenación, “que no contenta a la mayoría de afectados”.
Continúan diciendo que “con esta Ley quedan libres todos los responsables que permitieron las reparcelaciones e incluso las construcciones (concediéndoles permisos de obras, permitiendo las escrituras públicas y la inscripción en los registros de la propiedad) y los que construyeron con fin lucrativo, que finalmente vendían viviendas sin la correspondiente licencia de ocupación. En definitiva, la propia administración colaboró en el engaño a los compradores de “buena fe”. “Las viviendas que se vendieron a compradores de “buena fe”, y que se encuentran en terrenos de especial protección, nunca serán legalizadas, y la única solución es el derribo, eso sí, serán indemnizados, aunque no se sabe por quién”.
La Plataforma concluye que “parece que el Plan General aprobado en Diciembre del 2013, no interesa que se consolide, puesto que hasta la fecha no tenemos conocimiento que se halla desarrollado el correspondiente Plan de Infraestructura que debe vertebrar todos los desarrollos previstos en dicho Plan, haciendo que las Juntas de Compensación que se constituyan y empiecen los trabajos previos a la regularización se vean frenadas por no existir ni estar previstas las conexiones a los sistemas generales, provocando que los vecinos se vean con un montón de papeles encima de una mesa, que no se pueden tramitar e impidiendo la regularización y legalización de viviendas que pondría fin a los expedientes y multas coercitivas”.
“El Ayuntamiento y los equipos técnicos contratados habrán cobrado sus honorarios, y la culpa no será de nadie”, dicen y “a todo esto, hay que sumarle que tenemos un Plan General que es muy difícil llevarlo a la práctica, puesto que son millones de metros cuadrados para urbanizar y pocas viviendas para soportar el coste de dicha urbanización, ¿o no es esta la causa por la que no se han regularizado aquellas ARG´s que lo tenían que haber hecho en los dos primeros años tras la entrada en vigor del actual PGOU?, y pasará el primer cuatrienio y más de lo mismo”.
Concluyen afirmando que “nada funciona, solo los expedientes y las multas coercitivas, los embargos de nóminas, las subastas de las viviendas, los derribos y las sentencias de cárcel”, y aseguran que “ni los asesinos tienen penas a perpetuidad, pero nosotros parece ser que sí, y los que permitieron y alentaron tanto crimen, porque nos llaman criminales, están sentados en sus grandes sillones cobrando sueldos escandalosos, pero como siempre decimos, más pronto que tarde esto estallará, porque son más de 400.000 viviendas las afectadas en toda Andalucía”.
