El coordinador de la campaña y vicesecretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha criticado el "silencio" del PP ante el 'caso Uniformes', que comienza a juzgarse este martes en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz, que sentará en el banquillo de los acusados a 20 personas, entre ellos los exalcaldes de Rota (Cádiz) Eva Corrales (PP) y Lorenzo Sánchez (RRUU), así como al actual alcalde de Chipiona (Cádiz), Antonio Peña (PP), que era edil en el Ayuntamiento roteño en el momento de los hechos que se investigan.
En rueda de prensa, Ruiz Boix, tras señalar que se trata de un caso que "no es nada ejemplarizante para la ciudadanía, que no soporta ni un caso más de corrupción", ha afirmado que el PP "se tiene que dedicar a esta tarea y que explique, porque va a tener a la provincia nueve días pendientes de un caso de corrupción".
Cabe recordar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Rota (Cádiz) finalizaba a principios de febrero de 2015 la instrucción del caso, señalando en el auto emitido entonces que de las diligencias practicadas se desprende la existencia de "indicios racionales de criminalidad" por la adjudicación irregular desde 2004 de contratos de suministros por parte del Ayuntamiento de Rota y fundaciones municipales a empresas relacionadas con el exalcalde Lorenzo Sánchez y otros responsables municipales.
Las empresas en cuestión son la sociedad cooperativa Coanda, Epis Rotasur, S.L. y Coanda Costuras S.L.U. Esta última vino a sustituir en 2008 a las dos anteriores para "burlar la prohibición de contratar con la entidad local" y que no aparecieran como titulares o administradores de la misma el entonces alcalde Lorenzo Sánchez, ni los concejales Montemayor Laynez (RRUU) y Antonio Alcedo (PP), también acusados de presuntos delitos de prevaricación y gestión interesada.
Según el auto, también estaban vinculadas con las empresas la esposa del exalcalde y la del entonces edil y funcionario Ismael Puyana (PP). Los tres figuran entre los acusados en este procedimiento.
El auto recogía que los responsables de las citadas empresas, con la colaboración de otros técnicos y responsables municipales, concertaron los contratos "con conocimiento de la prohibición de contratar que pesaba sobre los mismos y de las incompatibilidades a las que se encontraban sometidos según la legislación vigente en cada momento".
Durante el tiempo de los hechos investigados, pese a las prohibiciones de contratar que existían, fueron adjudicados contratos que superan los 790.500 euros, entre otros el realizado para la adquisición del vestuario para el personal funcionario laboral fijo del Ayuntamiento para el año 2004-2005.
El último contrato que figura en el auto es de marzo de 2014, siendo alcaldesa Eva Corrales (PP), a la que también se le atribuyen irregularidades en sus anteriores cargos como delegada municipal de Turismo y Comercio y delegada municipal de Fiestas.
