Centenares de personas salieron hoy a las calles de la capital mexicana al cumplirse 19 meses de la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México, en una marcha en que los familiares de las víctimas portaron antorchas para simbolizar la "esperanza" de alcanzar "la verdad y la justicia".
Los padres de los estudiantes encabezaron la manifestación, que se celebró días antes de que se produzca la retirada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que indaga hasta el 30 de abril el caso y que puso de relieve graves irregularidades en la investigación por parte del Estado mexicano.
"La salida del GIEI no nos va a derrotar; nos llena de fortaleza", proclamó minutos antes de comenzar el recorrido el portavoz de los familiares, Felipe de la Cruz, en el monumento conocido como Ángel de la Independencia.
El portavoz exigió que el Gobierno acepte el mecanismo de seguimiento que se pondrá en marcha tras la partida de los expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y pidió a los ciudadanos no quedarse "callados".
La retirada del GIEI protagonizó, en gran medida, el recorrido, en el que se vieron carteles de apoyo a los expertos ("GIEI sí, Peña no", "Permanencia del GIEI hasta que lleguen la verdad y la justicia") y se escucharon cánticos en favor de que se queden en México.
A esas demandas se sumaron, como es habitual en estas manifestaciones, las proclamas de "Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos", "Ayotzi vive, la lucha sigue" y "¡Fuera Peña!, una de las muchas alusiones que hubo en contra del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.
Los manifestantes hicieron una primera parada ante la sede de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), donde pidieron a la fiscal Arely Gómez que se investigue por qué su predecesor, Jesús Murillo, proclamó la "verdad histórica" sobre lo ocurrido con los estudiantes, de la cual tanto el GIEI como forenses argentinos que colaboran en las pesquisas han mostrado inconsistencias.
De acuerdo con la versión oficial presentada por Murillo, los 43 jóvenes fueron detenidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos, quienes los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los mataron e incineraron sus restos en un vertedero de basura del municipio vecino de Cocula, en el estado de Guerrero.
El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, declaró a Efe que es preocupante "el proceso turbio con que se han manejado las investigaciones", ya que el reporte del GIEI señaló que hay indicios de tortura a sospechosos del caso para obtener confesiones.
Rosales consideró que "el escrutinio internacional tiene que seguir", y que el nuevo mecanismo que se ponga en marcha ha de tener "facultades amplias" que permitan a sus integrantes acceder al expediente y realizar entrevistas, entre otros aspectos.
La CIDH anunció el pasado 15 de abril que, ante la negativa del Gobierno mexicano a renovar el mandato del GIEI, seguirá el caso con un nuevo "mecanismo especial" hasta que se descubra la verdad.
De acuerdo con Rosales, la presencia del GIEI, que desarrolló dos mandatos en el país, ha dado "oxígeno" a la investigación y "la esperanza de que es posible sancionar a los responsables", aunque el Estado ha mostrado tener "poca voluntad política" para ello.
Más adelante, la marcha se detuvo frente al "antimonumento" a los estudiantes -un 43 de color rojo de más de tres metros de altura-, momento que los padres aprovecharon para hacer un pase de lista. Después de pronunciar el nombre de cada joven desaparecido, se escuchó la exigencia: "¡Presentación con vida!".
Además, una madre dijo que fue una "falta de respeto" que las autoridades mexicanas no estuvieran presentes el pasado domingo, cuando el GIEI dio a conocer las conclusiones de su investigación.
Para el tramo final de la marcha, que concluyó en el Hemiciclo a Juárez, se realizó el encendido de las antorchas, en las que los padres llevaban prendido el retrato de cada uno de sus hijos.
"Encendamos la luz de la esperanza. Las antorchas nos van a guiar a la verdad y la justicia", expresó De la Cruz, antes de emprender el último segmento del recorrido.
Por la noche, miembros del GIEI se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, quien "señaló que el Gobierno de la República acatará las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso", indicó la dependencia en un comunicado.
Los expertos del GIEI acudirán mañana en el municipio guerrerense de Tixtla a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a la que pertenecen los desaparecidos, para entregar, de manera simbólica, el reporte con sus conclusiones y recomendaciones sobre el caso.
