El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por Juan Espadas (PSOE), ha celebrado este martes un pleno extraordinario y monográfico acerca de las políticas de vivienda ante la situación de "emergencia habitacional" que sufren no pocas familias de la ciudad, aprobando la inmensa mayoría de las medidas planteadas pero sin aceptar dejar de contratar productos a los bancos envueltos en desahucios sobre personas desfavorecidas sin ofrecerles alternativas habitacionales, bajo la premisa de que se está negociando con estas entidades.
El pleno ha girado en torno a seis propuestas promovidas conjuntamente por PSOE, Participa Sevilla e IU-CA y divididas a su vez en diferentes puntos, hasta sumar más de 50 medidas concretas en materia de vivienda, toda vez que la sesión ha asistido un nutrido público en el que destacaban activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), trabajadores de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa), representantes del sector de Justicia de la unión provincial de CCOO e incluso algún miembro del colectivo de la Corrala Utopía.
Durante el debate plenario, estructurado en seis bloques según cada una de las propuestas, Daniel González Rojas, como portavoz de IU-CA, ha admitido que el Gobierno municipal socialista "ha hecho cosas" en materia de vivienda, pero "no lo suficiente", reclamando así medidas muy concretas como la creación de una oficina municipal de vivienda "con sitio, personal y presupuesto", para que puedan "acudir" allí las personas afectadas por desahucio, desalojos, o conflictos en materia de vivienda.
Cristina Honorato, por Participa Sevilla, ha avisado de que ante una situación de "emergencia habitacional" es necesario promover "medidas extraordinarias", por lo que ha reclamado al PSOE que sea "valiente" a la hora de actuar en materia de vivienda. En ese sentido, y respecto a la conocida demanda de una oficina municipal de vivienda, ha pedido que la misma tenga cartel "luminoso" y todo además de "presupuesto y recursos". También ha coincidido con IU-CA en que el PSOE ha adoptado decisiones al respecto, pero sin que sea "suficiente".
En el caso de Ciudadanos, Javier Millán ha expuesto que las políticas de vivienda deben ser "prioritarias", desgranando a continuación buena parte de las medidas que C's propone en materia de vivienda y anticipando que la disposición de la formación naranja a apoyar "la inmensa mayoría" de los más de 50 puntos a votar, como de hecho así ha sucedido.
EL PP DEFIENDE SU ETAPA
El PP, de la mano de Alberto Díaz, ha defendido las medidas promovidas en materia de vivienda durante el mandato del exalcalde popular Juan Ignacio Zoido. "Fuimos pioneros en establecer que no habría desahucios en las viviendas públicas (de Emvisesa) y se cumplió a rajatabla. No hubo ni un sólo desahucio", ha defendido Alberto Díaz, cuya aseveración ha sido seguida de un murmullo de discrepancia entre el público. Díaz, de cualquier modo, ha acusado a PSOE e IU-CA de promover "21 desahucios" en el mandato previo al de Zoido y ha atribuido a Espadas la autoría de "63.000 desahucios" durante la etapa en la que fue consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio. "Muchas de las medidas que se plantean en este pleno ya están en marcha, pero se pueden mejorar", ha defendido.
Los socialistas, con Antonio Muñoz y Juan Manuel Flores, han defendido por su parte que el Gobierno municipal está "redireccionando las políticas de vivienda", exponiendo que en sólo unos meses han sido resueltos "34 casos" concretos de familias en situación de "emergencia habitacional", mientras el PP resolvió sólo "once casos" en sus cuatro años de gobierno. "Somos tremendamente ambiciosos", han asegurado avisando de que lograr resultados en este tipo de materias "lleva su tiempo".
Pero a pesar de las diferencias mostradas entre los grupos, en su mayoría reproches cruzados entre PP, PSOE e IU-CA a cuenta de las actuaciones de cada uno de estos partidos en el Ayuntamiento en materia de vivienda, la inmensa mayoría de las más de 50 medidas han sido aprobadas, buena parte de ellas incluso por unanimidad.
"OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA"
Así, el bloque de medidas urgentes en defensa del derecho a una vivienda digna ha sido aprobado al completo. Se trata de once puntos, el primer de ellos dividido en nueve medidas precisas, con lo que en conjunto se ha aprobado crear una Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda con "sitio físico", asesoramiento legal y jurídico para los ciudadanos, servicio de "mediación", asistencia social y psicológica y un presupuesto mínimo anual de cuatro millones para este departamento que ya en el primer semestre de 2016 debería contar con dos millones de euros. "Tiene que tener incluso luminoso", ha insistido Cristina Honorato sobre esta oficina, toda vez que Flores recuerda que "lo importante es el contenido, no el continente".
Este bloque amplio de medidas incluye aspectos como no poner medios municipales a disposición de los desahucios "salvo por orden judicial", requerir a Emvisesa la suspensión de sus procedimientos judiciales vigentes en materia de desahucio o desalojo y estipular un "protocolo de colaboración" con los juzgados para actuar con anticipación a las órdenes de desahucio, medida en la que el PSOE defiende que se está avanzando.
Respecto al Plan Municipal de Vivienda y Rehabilitación, ha sido rechazado remodelar el documento aprobado en 2009, pero sí se ha aprobado iniciar la tramitación de un nuevo plan para el periodo 2016-2020, mientras en cuanto a Emvisesa, se ha aprobado dotarla de más presupuesto, erradicar los desahucios en sus viviendas en casos de personas en exclusión social, ajustar sus alquileres a la "realidad" de los adjudicatarios, finalizar el Plan Municipal de Vivienda de 2009 y publicar su "inventario" de viviendas.
En materia fiscal, se ha aprobado un recargo del 50 por ciento en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para las viviendas vacías pertenecientes a los bancos, aspecto no obstante subordinado al levantamiento de la suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional de la Ley andaluza de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, siendo aprobado además bonificaciones a las familias que inviertan en rehabilitar sus viviendas.
EL "IMPERIO" DE LOS BANCOS
En el quinto bloque, ha sido aprobada la "reactivación inmediata" del Consejo Municipal de Vivienda y dotarlo con 20.000 euros al año, así como incluir en él a las asociaciones y colectivos involucrados en la defensa del derecho a la vivienda. Por último, en el sexto bloque, ha sido aprobado reclamar a los bancos la paralización de los desahucios de sus viviendas siempre que se trate de familias cuyos casos avale el Ayuntamiento y pedirles un inventario de viviendas vacías para aplicarles la "expropiación temporal" que recoge la Ley andaluza de vivienda, suspendida de momento por el Constitucional. También ha prosperado negociar con los bancos para que sus viviendas vacías sean destinadas a alquileres sociales.
También se ha aprobado un "programa de inspección" de viviendas "en permanente desocupación" y pedirle a la Junta que reclame a la Sareb las viviendas que tiene libres en Sevilla, pero no ha sido aprobado dejar de operar con los bancos envueltos en desahucios de personas desfavorecidas, aspecto al que se ha opuesto el PSOE defendiendo que aunque los bancos son "el imperio", en términos negativos, siguen siendo "necesarios" y lo mejor es "buscar puntos de acuerdo" con ellos en beneficio de la ciudadanía. Juan Manuel Flores, en ese sentido, ha asegurado que el Ayuntamiento se está "sentando" con los bancos para buscar salidas negociadas a sus procedimientos de desahucio.
