La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamado este jueves a la Generalitat que cumpla con sus compromisos y obligaciones en la capital catalana, en una comisión mixta entre ambas administraciones que se ha cerrado sin que hayan alcanzado un acuerdo sobre la deuda.
Mientras que la Generalitat reconoce una deuda contable de 35 millones de euros --a los que sumará otros 20 por la Ley de Barrios--, el Ayuntamiento la calcula en 105 millones, diferencia que se debe a discrepancias sobre la deuda vencida, ha detallado Colau en rueda de prensa tras la reunión de la comisión mixta entre el Ayuntamiento y la Generalitat, que no se reunía desde octubre.
Han acordado que se reúna la ponencia específica de relaciones económicas de la comisión para que estudien la que Colau ha llamado deuda social, "las aportaciones de la Generalitat que se han dejado de producir por los recortes".
"Nos parece esencial el reconocimiento de esta falta y calendarizar aunque sea a largo plazo cómo recuperamos estas inversiones que se han dejado de hacer en la ciudad", ha resaltado la alcaldesa, que ha destacado su voluntad de colaborar y de lealtad institucional pero a la vez su exigencia hacia el Govern.
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
Colau ha reclamado al Govern reactivar el volumen de inversiones en servicios sociales, salud, educación e infraestructuras, y ha priorizado las estaciones de la L10 del Metro de la Marina y la Zona Franca.
Ha reclamado a la Generalitat que, por cada piso vacío que adquiera el Ayuntamiento para destinarlo a vivienda social, el Govern compre otro para garantizar la ampliación del parque de vivienda social.
Borràs ha explicado que estudiarán la propuesta en una ponencia específica, y ha añadido que se calendarizarán los encuentros de los distintos consorcios que comparten Generalitat y Ayuntamiento, a quien ha pedido que no cobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a hospitales.
SALUD Y EDUCACIÓN
Sobre salud, Colau ha exigido al Govern que cumpla sus compromisos con la atención primaria --ha dicho que debería cubrir un 25% y que alcanza el 16%--, y también revisar el mapa escolar, porque considera que faltan institutos.
También ha reclamado crear un grupo de trabajo conjunto para desarrollar la Ley de Financiación del Transporte Público que, además, estudie la posibilidad de implantar unas "tarifas asequibles, que es lo que necesita la población".
