El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Baena (Córdoba) ha acordado la apertura de juicio oral, que llevará a cabo un jurado para juzgar a los dos funcionarios y al empresario, acusados de tramar de común acuerdo un plan para enriquecerse de manera ilegal a costa del dinero público del Ayuntamiento de Baena, en el denominado caso de las 'facturas falsas'.
Según informan desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los acusados son R.S.C., funcionario administrativo del Ayuntamiento de Baena y secretario del alcalde; J.D.P., funcionario administrativo del Consistorio baenense, y A.J.G.R., propietario de una empresa de carpintería metálica.
En concreto, según los hechos investigados, A.J. realizaba desde el año 2000 obras menores para el Ayuntamiento y mantenía una relación continua y habitual con el Consistorio, para el cual realizaba dichas obras en el cementerio, en calles, en instalaciones deportivas y en otros espacios públicos y presentaba continuamente facturas.
Mientras, el secretario del alcalde supuestamente se ofreció a "dar un trato de favor" a A.J. para "agilizar el cobro de las facturas" presentadas al Ayuntamiento por las obras realizadas siempre que el empresario realizara facturas por las cantidades que le indicaran tanto el secretario como el otro funcionario acusado, "a nombre del Ayuntamiento de Baena por trabajos que no iba a realizar y por materiales que no iba a usar".
Todo ello, supuestamente lo realizaban "cuidando que las facturas se refirieran a obras menores o de urgencia, o suministro de materiales de escasa cuantía", con el fin de "obviar el correspondiente expediente de contratación conforme a lo dispuesto en la legislación administrativa aplicable".
Una vez que el acusado A.J. cobrara el importe de las facturas y descontara el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), presuntamente entregaría en mano la cantidad restante a los otros dos acusados. La instrucción llevada a cabo por el juez de Baena aporta facturas de estos hechos de los años 2005, 2006 y 2007.
En este sentido, los delitos por los que son acusados son falsificación de documento mercantil y oficial y un delito continuado de estafa. Para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan imponérsele, el juez requiere al empresario que preste fianza por la cantidad de 6.784 euros, y a los empleados del Ayuntamiento que presten fianza, cada uno de ellos, por la cantidad de 41.882 euros.
El procedimiento, que consta de más de 16 tomos de instrucción, comenzó en el año 2007 con la investigación de la presunta trama constituida entre los tres hombres acusados. Una de las ultimas diligencias practicadas en esta investigación ha sido una prueba pericial, solicitada a la Guardia Civil, sobre el reconocimiento de voz a partir de las grabaciones telefónicas obtenidas.
PETICIONES DE HASTA NUEVE AÑOS DE PRISIÓN
Cabe recordar que la acusación pide unos nueve años de prisión para cada uno de los dos funcionarios municipales en este procedimiento, aunque no acusa ni pide pena alguna para el mencionado empresario, cuya denuncia originó el caso.
De hecho, el escrito de la acusación difiere del que formuló el fiscal, no sólo en que no se acusa al empresario, para el que el fiscal pide seis años de prisión como presunto autor de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial, sino también en que a los dos funcionarios municipales, la acusación los considera los presuntos autores de un delito continuado de estafa, al igual que el fiscal, pero entendiendo que su condición de funcionarios públicos es un agravante.
Ello determina que la acusación pida que se condene a cada uno de los dos trabajadores municipales a nueve años de prisión, frente a los seis que pide el fiscal, además de que se les imponga una multa de unos 27.000 euros y responsabilidad penal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal, en caso de impago, y que se hagan cargo también de las "costas de la acusación popular".
EL EMPRESARIO
Por su parte, fuentes de la defensa del empresario ya dijeron en su momento que piden la "libre absolución" para el mismo, pues "es inocente de todos los cargos de los que le acusa sólo el fiscal", ya que la acusación popular ha "sorprendido gratamente" a la defensa al "no hacer mención" al empresario "y no pedir la apertura del juicio oral con respecto a él".
Por ello, la calificación de la defensa del empresario muestra su "disconformidad con la narración de los hechos formulada por el ministerio fiscal", al entender que A.J.G.R. "no ha cometido delito alguno, ni le corresponde asumir ninguna responsabilidad civil por los hechos".
En este sentido, la defensa del empresario, cuya denuncia y autoinculpación, de la que luego se retractó, fue la que dio origen al caso en el verano de 2007, considera que "se ha acreditado la ejecución de la mayor parte de las obras" a las que se refieren las supuestas facturas falsas, que, en ese caso, serían auténticas y corresponderían a trabajos realmente realizados, mientras que "el resto de obras no se ha podido acreditar que no se hayan ejecutado realmente".
Frente a ello, el fiscal entiende que el empresario es el presunto autor de un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial, mientras que los dos funcionarios municipales, R.S.C. y J.D.P., son los presuntos autores de un delito continuado de estafa, en el que el empresario sería, además, "cooperador necesario".
En concreto, la fiscalía pide que se condene al empresario a seis años de prisión, y entiende que debe imponerse igual pena de cárcel para cada uno de los dos empleados municipales. Además, en cuanto a la responsabilidad civil, el ministerio público considera que los tres acusados deben indemnizar, "conjunta y solidariamente", al Ayuntamiento de Baena en la cantidad de 37.434 euros, que son los que presuntamente han estafado mediante el cobro al Consistorio de once facturas por trabajos que, supuestamente, no se realizaron.
LOS HECHOS
A este respecto, la calificación fiscal establece que, durante los años 2005, 2006 y 2007, el acusado, propietario de una empresa de carpintería metálica, "previamente concertado" con los dos funcionarios municipales y con "la finalidad de obtener un beneficio económico injusto y a sabiendas de que no se había realizado ninguna de las obras, elaboró a nombre del Ayuntamiento de Baena, anotó en su contabilidad como empresario, presentó y cobró de la Corporación local de Baena por trabajos que no había realizado y que correspondían a contratos menores" un total de once facturas.
Después, según el relato de los hechos de la Fiscalía, "una vez presentadas al Ayuntamiento las facturas" por el empresario, los dos funcionarios, "a sabiendas de que no se correspondían con la realidad, se encargaban de que las citadas facturas fueran incorporadas a los correspondientes expedientes administrativos y tramitadas, para que fueran abonadas en la cuenta" del empresario.
Cuando las facturas eran abonadas en la cuenta corriente de éste, el empresario "descontaba la cantidad correspondiente al IVA, que quedaba en su poder, y entregaba en metálico el importe restante de las mismas" a los dos empleados públicos, "que incorporaban a su patrimonio particular" ese dinero.
