El grupo de UPyD en el Ayuntamiento de Granada ha presentado ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo una demanda contra las bases del proceso de funcionarización de 30 laborales fijos del Consistorio. En esa demanda, UPyD pide como medida cautelar que se suspenda la convocatoria hasta que el juez tome una decisión sobre el caso.
UPyD llega a la vía judicial después de agotar los procedimientos internos. El 8 de enero presentó un recurso de reposición que el Ayuntamiento, con fecha de 5 de febrero, rechazó. Sin embargo, como entiende que no se le ha dado una razón de peso para desistir y como está convencida de que las bases de esa convocatoria "no se ajustan a derecho y vulneran los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad" que deben regir para acceder a la función pública, la portavoz y concejal de la formación magenta, Mayte Olalla, ha optado por recurrir a los juzgados. "No nos gusta gastar el dinero público en esto, pero no nos queda otra salida", ha afirmado.
Rafael Romero, abogado del grupo municipal de UPyD, ha detallado que la convocatoria se impugna porque, por un lado, no se llega al número mínimo de temas exigidos por la ley (se suprimen entre 2 y 18, según la categoría) y por otro, porque la única "prueba objetiva" que se le exige al candidato es la presentación de un trabajo por escrito, de 75 folios a una cara, "de un tema relacionado con el temario anexo a la convocatoria" y del que "ni siquiera" tienen que demostrar su autoría.
El Ayuntamiento, según UPyD, para justificar que eso es legal, contestó al recurso inicial de UPyD diciendo que, como ese trabajo se debe después defender ante un tribunal, el candidato demostraría de esa manera que es suyo. "Es algo digno del Club de la Comedia. Es como si a alguien, por saberse la lista de los Reyes Godos, le atribuyen la autoría de un libro de historia", subraya Rafael Romero.
UPyD considera que el Ayuntamiento pretende "infringir gravemente la regulación legal" y que el recurso que ahora se presenta ante los juzgados significa, en la práctica, garantizar "la seguridad" de los aspirantes a lograr una plaza de funcionario. "Porque puede ocurrir que esta convocatoria, posteriormente, sea revisada de oficio por el Consejo Consultivo de Andalucía y anulada. "Sólo con la resolución de este conflicto por vía judicial se garantiza que nadie pueda poner en duda la forma en que alguien ha accedido a un puesto de funcionario", recalca Romero.
El abogado del grupo municipal de UPyD ha lamentado que el gobierno local que preside José Torres Hurtado "haya perdido la oportunidad de arreglar los entuertos que ha provocado" en este campo. "Su política ha sido denegar todo lo que ha denunciado UPyD, ha entrado en bucle y no nos ha dejado otra vía que la del Contencioso Administrativo", ha incidido.
