El pleno del Ayuntamiento de Ronda ha dado esta semana luz verde al proyecto para la construcción de un complejo hotelero y residencial en la zona conocida como la Casa Rúa. PP y PA votaran a favor de la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en vigor en la ciudad, que ha supuesto una modificación de la calificación de estos terrenos, motivada esta innovación por la sentencia del Tribunal Supremo que, tras más de dos décadas de litigio entre el Consistorio y la familia Sánchez Robles, propietaria de estos terrenos, dio la razón a la propiedad para construir en esta zona.
El complejo contempla la construcción de un hotel de lujo y también de un total de 18 viviendas. La innovación aprobada ha supuesto una disminución más que considerable del número de residencias, puesto que en el PGOU se contemplaba inicialmente la construcción de un total de 121 casas. Por otra parte, sin embargo, el hotel se verá ampliado hasta el 50 por ciento del total de los terrenos construidos, en lugar del 25 por ciento como se contemplaba en el PGOU en vigencia. La modificación del plan general cambia asimismo la tipología de las viviendas, que no serán unifamiliares adosadas, sino unifamiliares exentas, residencias aisladas en hasta tres manzanas.
El sector afectado por la innovación, llamado SUO 5 en el Plan General, suma 145.424,59 metros cuadrados. La edificabilidad máxima se sitúa en los 19.784,21 metros.
El pleno, por otro lado, aprobó una segunda innovación, asociada a la primera, que afecta al sector denominado SUO 4, en la zona de la Cruz de San Jorge, junto a la urbanización Rilke. Y es que el proyecto de la Casa Rúa lleva aparejada la construcción de hasta 30 viviendas de protección oficial en la ciudad, que servirán para dar cumplimiento al requisito legal que obliga a dedicar a VPO, como contraprestación, al menos un 30 por ciento de la superficie afectada por la innovación. Se actuará sobre 3.143 metros cuadrados en esta otra zona de Ronda.
“No hay otro remedio que cumplir con el convenio urbanístico. La familia lleva pleiteando 30 años y la Justicia les ha dado la razón. Tenían voluntad de dar una solución que supusiera el menor impacto posible a aquella zona, y por ello han planteado esta innovación, siempre con una filosofía de total diálogo”, dijo durante el pleno la teniente de alcalde y concejal de Obras y Urbanismo, Isabel Barriga.
La oposición (PSOE e IU), optó sin embargo por la denominada segunda vía. Se abstuvieron en la votación, dada la resolución judicial que motivaba el debate, pero reclamaron al equipo de Gobierno que busque otro acuerdo con la familia para que, tras una indemnización que pueda pactarse entre las partes, no se llegue a construir en la zona.
La alcaldesa, Mari Paz Fernández, cerró a cal y canto esa otra puerta: “La familia ya no quiere más acuerdos con el Ayuntamiento que el que nos llevará a cumplir con la sentencia a su favor. Tienen unos inversores además esperando esta innovación al Plan General, y asumir cualquier pago sería imposible para el Ayuntamiento y estimamos que también para la Junta de Andalucía, porque no sólo se trata de comprar un terreno, sino de que existe un proyecto millonario tras ese terreno que el Ayuntamiento no podría indemnizar de ninguna forma. No queda ninguna otra posibilidad que permitir la construcción”, afirmó Fernández para cerrar el debate.
Barriga, por su parte, añadió que con la innovación “todos salimos ganando”, aludiendo a las 30 viviendas de protección oficial que deberán construirse y a “los muchos empleos” que pueden generarse durante la construcción y en el futuro hotel de lujo.
Tanto Fernández como Barriga insistieron en que el proyecto se planteará para que “el impacto visual sea el menor posible”.
UN LITIGIO DE AÑOS
Las en torno a 15 hectáreas propiedad de la familia Sánchez Robles en el entorno de la Casa Rúa podrán urbanizarse tras la aprobación esta semana de la referida innovación del PGOU, dada la paralización del proyecto de redacción del nuevo Plan General, y tras que la Junta de Andalucía negara el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la propiedad en 2011 por el que se modificaba el Plan Parcial de Ordenación de la zona afectada, entendiendo la administración andaluza que era necesario modificar el plan general en vigor para promover la urbanización.
El convenio de 2011 se firmó con la propiedad años después de que en 2006 el Tribunal Supremo reconociera como urbanizables esos terrenos, y todo tras un largo litigio iniciado después de que en 1980 la familia presentara un proyecto de obras al Ayuntamiento sujeto al anterior PGOU de la ciudad, entonces en vigor, y que consideraba urbanizables unos terrenos que años después fueron catalogados como zona no urbanizable de protección integral con el plan hoy vigente.
El Ayuntamiento llegó incluso a plantearse en su día la compra a la familia los terrenos, con el fin de preservar la zona, pero en el año 1988 el pleno rechazó tales extremos. La familia acudió entonces al arbitrio de los tribunales, y finalmente el Tribunal Supremo acabó ratificando su derecho a promover este proyecto presentado hace 30 años al Ayuntamiento.
