La plantilla del programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social, promovido por el Ayuntamiento de Sevilla con la colaboración financiera de la Junta para actuaciones sociales en el Polígono Sur, Tres barrios-Amate, Torreblanca, Polígono Norte y el poblado Chabolista de El Vacie, se ha reunido con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y la directora general de Servicios Sociales de la Junta, en torno a la paralización que pesa sobre este programa y sus propias contrataciones.
Como hemos informado, la nueva edición de este programa financiado entre las administraciones local y autonómica contará en su próxima edición un presupuesto global de 1,58 millones de euros. La aportación autonómica ha quedado fijada en 944.00 euros, 11.446 euros más que en la edición anterior, pero lejos de los 1,3 millones de otros años, mientras el Ayuntamiento ha resuelto incrementar su aportación en 315.486 euros hasta llegar a los 641.879 euros, con lo que regresa a grados anteriores de aportación.
El problema radica en que desde el pasado viernes, los 43 trabajadores sociales contratados por el Ayuntamiento para la aplicación de este programa que cofinancian las administraciones local y autonómica están en el paro, al haber expirado ese día sus contratos y no ser renovados.
El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP y administración contratante de estos trabajadores, explica en ese sentido que le resulta imposible renovar tales contratos porque carece de una "resolución definitiva" de la Junta de Andalucía sobre su parte de la financiación, pues la Junta, al anticipar al 31 de octubre el cierre de su ejercicio contable, no habría dejado plenamente resuelta las subvenciones de este programa, lo que no haría efectiva la llegada de las aportaciones de la Junta hasta el 1 de enero de 2015.
Después de que tanto el Ayuntamiento hispalense como el colectivo de trabajadores elevasen el asunto a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, el departamento de Jesús Maeztu convocó el miércoles a las partes, según han informado a Europa Press los trabajadores, según los cuales Maeztu se reunió primero con la directora general de Servicios Sociales de la Junta y después con ellos, si bien la concejal de Familia y Asuntos Sociales del Ayuntamiento, la popular Dolores de Pablo-Blanco, no habría asistido pese a estar invitada, siempre según los empleados.
Los trabajadores insisten en que después del error cometido por la Junta de Andalucía, los gobernantes autonómicos publicaron en el BOJA que aquéllos ayuntamientos que no paralicen los programas "recibirán los gastos de estos dos meses a primeros de 2015", con lo que a su juicio la concejal Dolores de Pablo-Blanco "tiene en su mano" la solución del conflicto.
Señalan además una resolución del propio área municipal de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, en torno a este conflicto. La resolución, fechada el 11 de noviembre y recogida por Europa Press, desgrana la financiación de la nueva edición del programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social y da cuenta de que el 5 de noviembre, la Dirección General de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía anunciaba al Ayuntamiento que la resolución definitiva sobre sus 944.000 euros "será dictada a principios del mes de enero", por lo que esta resolución municipal acordaba "liberar el crédito retenido" de 51.645 euros "para cofinanciar el programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social durante la anualidad de 2014".
"Todo ello como consecuencia del escrito recibido a fecha de 5 de noviembre de la Dirección General de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, según el cual la resolución definitiva correspondiente a esa línea de subvención será dictada a principios de enero de 2015 (...), por lo que el programa comenzará a ejecutarse a partir de dicho ejercicio y, por tanto, debe ajustarse la ejecución presupuestaria a su ritmo de ejecución". Y es que según los trabajadores, esta resolución "no elevada al pleno" prueba que el Ayuntamiento cuenta con posibilidades de financiar en solitario el programa hasta la llegada de las subvenciones autonómicas, si bien el Gobierno local defiende que la resolución implica un mero "reajustarse" de la financiación municipal de cara a la siguiente anualidad y no la cobertura del periodo carente de financiación autonómica.
