La Fiscalía de Granada ha formulado querella criminal contra el que fuera alcalde de Otura (Granada) Ignacio Fernández-Sanz, actual concejal no adscrito en la corporación, por un posible delito de prevaricación por supuestamente decidir destinar lo recaudado con la venta de patrimonio municipal de suelo de la localidad a gastos corrientes, contraviniendo así la ley, "a sabiendas" de la injusticia de su resolución.
Las diligencias del caso se abrieron después de que el 28 de mayo la actual alcaldesa, la 'popular' Dolores Plata, pidiera al Ministerio Público que abriera una investigación para aclarar si el exregidor pudo haber incurrido en conductas que podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Según señalaba entonces en el documento, Fernández-Sanz pudo "con plena consciencia y a sabiendas", "haciendo caso omiso de los informes" de la Intervención, Tesorería y Secretaría del Ayuntamiento pudo haber dispuesto del patrimonio municipal del suelo del Ayuntamiento de Otura, concretamente una cantidad de 1.935.240 euros, para gasto corriente.
Más concretamente, la alcaldesa aludía al informe de la interventora de fecha 4 de febrero de 2009, en la que la funcionario le manifiesta al alcalde que los ingresos procedentes del patrimonio municipal del suelo son ingresos de "derecho privado" y que, conforme al artículo cinco de la ley de haciendas locales, no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes, por lo que, de hacer lo contrario, podría estar incurriendo en prevaricación.
También en la misma línea, la tesorera también le comunica el 4 de febrero de 2009 la imposibilidad de destinar dinero procedente el patrimonio municipal de suelo a gastos corrientes, que esos fondos "no forman parte del principio de caja única" y que si éstos se integran dentro de la cuenta operativa del Ayuntamiento "no sería posible llevar un debido control por lo que habría que bloquearlos".
Tras recibir la comunicación de la apertura de una investigación, el exalcalde alegó que la denuncia era "una muestra más de la irracional animadversión" que la actual regidora "profesa hacia su antecesor", y de que su actuación "está presidida única y exclusivamente por un ánimo de prejuicio personal que se muestra ajeno la legitimidad que aparentemente le confiere su cargo". Además, se defiende señalando que "ni la peor de las interpretaciones posibles pueden considerarse acreedoras de la intervención del derecho penal debiendo mantenerse exclusivamente en su caso dentro del ámbito del derecho administrativo".
Sin embargo, en su decreto, adelantado este viernes por Onda Cero Granada y al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía sostiene que de la documentación recopilada "existen indicios para considerar" que el denunciado, en su condición de alcalde, "haciendo caso omiso" de los informes de la tesorera y de la interventora, dispuso, "a pesar de conocerlo y sin justificar los motivos de su actuación", de cantidades económicas correspondientes al patrimonio municipal del suelo que asciende a 1.935.246, "siguiendo un plan preconcebido".
Asimismo, el fiscal considera que "no sólo la disposición de sus fondos ha sido una conducta contra ley sino que se ha realizado de una manera continuada con pleno conocimiento de ello y de una manera arbitraria sin expresar ni acreditar las eventuales razones que hipotéticamente pudieran justificar el apartarse de las normas".
Finalmente, el Ministerio Público indica que, a priori, los hechos pueden enmarcarse en un delito de prevaricación, aunque no existe malversación de fondos públicos, pero advierte de que sí se podría hablar también de este tipo delictivo si las decisiones del exregidor le sirvieron de medio "para disponer de fondos públicos para atender necesidades ajenas a la función pública".
En Otura, Plata llega a la Alcaldía después de que su antecesor en el cargo, Pedro Cabanillas, dimitiera el pasado 16 de enero, cuando los seis concejales de su equipo de gobierno ya habían presentado su renuncia a sus responsabilidades, tras una sentencia que lo condenaba a él, a Fernández-Sanz y dos exediles por la compra por parte del equipo de gobierno de un solar a 300.000 euros para ampliar el Ayuntamiento de la localidad, pese a los informes técnicos desfavorables, y una tasación municipal muy por debajo de esa cantidad.
Anteriormente, Fernández-Sanz dimitió de su cargo como alcalde en octubre de 2012 después de cruzarse varias denuncias con su equipo de gobierno, aunque alegó motivos de salud y terminó dejando el PP, pasándose a la formación de 'Populares en Libertad', cuya presidencia provincial también dejó por razones personales.
