Algunos de los detenidos por la desaparición de 43 'normalistas' (estudiantes de magisterio) el pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala han confesado que los mataron, según ha informado este viernes el procurador general de México, Jesús Murillo Karam, en una rueda de prensa celebrada este viernes.
"Tres nuevos capturados confiesan haber recibido y ejecutado a jóvenes de Ayotzinapa", ha dicho Murillo Karam, en alusión a los miembros del 'mini-cártel' Guerreros Unidos Patricio Reyes, Jonathan Osorio y Agustín García Reyes, los últimos arrestados por este caso.
Según el relato de García Reyes, recibieron "sin vida o inconscientes" a algunos de los 'normalistas' y los llevaron al basurero del vecino municipio de Cocula, donde mataron a los que seguían vivos y, después, quemaron todos los cuerpos.
Tras incinerar todos los cuerpos, un miembro de Guerreros Unidos al que estos tres detenidos han identificado como 'El Terco' ordenó triturar los restos mortales de los 'normalistas' y tirarlos al río Cocula para eliminar las pruebas.
Con esta misión, los miembros de esta organización criminal volvieron al día siguiente --la quema de cadáveres tuvo lugar entre las 00.00 y las 15.00 horas del 27 de septiembre-- para "limpiar" el lugar, deshaciéndose de las cenizas.
Murillo Karam ha informado de que se han localizado seis bolsas llenas de cenizas que "serán analizadas por especialistas internacionales", explicando que estas pruebas son "complicadas" debido a "la extrema calcinación de los restos".
A pesar de las nuevas revelaciones, Murillo Karam ha subrayado que "la investigación aún está abierta" y que la Procuraduría General de la República (PGR) seguirá trabajando con la hipótesis de que los 'normalistas' están desaparecidos hasta que se cierre el caso.
LOS HECHOS
Los 'normalistas' llegaron a Iguala el 26 de septiembre para recaudar fondos para viajar a la capital mexicana el 2 de octubre con el fin de participar en la conmemoración de otra matanza, la de Tlatelolco.
Ese día la esposa del alcalde tenía previsto presentar un informe de su labor al frente del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia municipal y, ante el temor de que los estudiantes reventaran el acto, como ya había ocurrido en el pasado, el alcalde ordenó a la Policía actuar contra los 'normalistas'.
Policías de Iguala, apoyados por agentes de Cocula, interceptaron a los jóvenes a la entrada del municipio y abrieron fuego, matando a uno de ellos y dando lugar a un enfrentamiento que se saldó con seis muertos y 25 heridos.
Una vez controlada la situación, detuvieron a los 'normalistas' que no consiguieron huir, les condujeron en varios furgones policiales a los límites entre Iguala y Cocula y se los entregaron a Guerreros Unidos.
A partir de ese momento se pierde el rastro de los 43 'normalistas'. Nada se ha sabido de ellos hasta las revelaciones que Murillo Karam ha hecho esto viernes. Queda ahora el análisis de las cenizas y de los cadáveres de las fosas comunes halladas en la zona.
'NARCOGOBIERNO'
La PGR ha señalado como autores intelectuales de esta masacre al ya ex alcalde de Iguala, José Abarca, y su mujer, María de los Ángeles Pineda, que --según ha revelado esta investigación federal-- llevaban años gobernando en complicidad con Guerreros Unidos.
Abarca y Pineda se dieron a la fuga después de que la noticia de la desaparición de los 43 'normalistas' acaparara portadas en la prensa mexicana e internacional, a pesar de que todavía no se les había acusado de nada.
La bautizada por la prensa como "pareja imperial" fue detenida el pasado miércoles en un operativo de la Policía Federal llevado a cabo en una destartalada vivienda del barrio de Iztapalapa, uno de los más peligrosos de México DF.
"Ya no aguantaba más esconderme", dijo Abarca, de acuerdo con fuentes de la Policía Federal. Al parecer, no opuso ninguna resistencia y se mostró pensativo durante todo el operativo de seguridad.
En cambio, Pineda reaccionó como si no supiera por qué estaba siendo detenida, y con cierta superioridad. "¡Ya déjenme, qué se creen!", dijo. Enseguida fue reducida y esposada.
Desde entonces, Abarca y Pineda están en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde prestan declaraciones. En total, hay 74 personas detenidas por este suceso, que ha conmocionado a la sociedad mexicana.
