El presidente del PP de Cádiz y portavoz adjunto de los populares en el Parlamento andaluz, Antonio Sanz, calificó como “necesaria, garantista y de convivencia” la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros.
El dirigente popular destacó la apuesta del Gobierno de la Nación “por garantizar la seguridad y convivencia de los gaditanos”, incidiendo en la necesidad de adaptar la normativa existente “a los nuevos tiempos”. En este sentido, reiteró que se trata de una ley “necesaria”, ya que “los nuevos tiempos exigen nuevas leyes, tras 22 años de vigencia de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre la protección de la seguridad ciudadana, donde la respuesta penal que daba la Ley ha demostrado ser poco eficaz”.
Sanz definió el nuevo documento como “Ley de la convivencia”, ya que es una ley en la que, a su juicio, “conviven las demandas de muchos sectores y se pone en valor el interés del conjunto de la sociedad”. Al respecto, resaltó que es una ley “dinámica y abierta” a las opiniones de todos los sectores: administraciones locales, asociaciones de vecinos, comerciantes, hosteleros, asociaciones de padres y madres de alumnos y centros educativos, ONGs, entre otros. Incidió en que la nueva norma es “el punto de encuentro de las demandas de los distintos colectivos”, apuntando como ejemplo el de ONGs, al condenarse explícitamente el uso de perfiles étnicos para identificar a las personas en las calles y se identifican tres tramos dentro de cada sanción para eliminar la subjetividad; de asociaciones de vecinos como que por primera vez se sanciona el uso concertado de vehículos particulares que se desplazan a comprar droga y sólo se sanciona el consumo de alcohol en la vía pública cuando altere gravemente la tranquilidad ciudadana; y de los comerciantes y hosteleros al perseguirse las conductas violentas y el destrozo de material urbano o privado que se encuentre en la vía pública.
El presidente popular destacó que la Ley garantiza “el libre ejercicio del derecho de manifestación pacífica de los gaditanos y pone freno a la impunidad de los grupos violentos que impiden que el resto de ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho a la manifestación legítima y pacífica”.
Además, aseguró que la Ley garantiza la seguridad de personas y servicios estratégicos clave prestados en centrales nucleares, petroquímicas, refinerías y depósitos de combustible, puertos, aeropuertos y demás infraestructuras de transporte, servicios de suministro y distribución de agua, gas y electricidad y hospitales.
A su juicio, la Ley garantiza expresamente los protocolos de identificación de personas, proporcionando un marco legal que cause el menor perjuicio a su intimidad y dignidad.
