El concejal delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Beltrán Pérez, ha asegurado que el Ayuntamiento responderá "con transparencia, celeridad y ajuste al ordenamiento jurídico" a las peticiones del PSOE sobre información de las facturas y los expedientes de todos los talleres de distrito de los cursos 2012-2013 y la prórroga 2013-2014, amparándose en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Sevilla.
Así se ha pronunciado Pérez en un comunicado después de que el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla haya remitido al equipo de gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP), un total de 12 peticiones de información sobre la "trama de enchufes del PP" en estos talleres.
En el citado fallo, que estima parcialmente el recurso interpuesto por el Grupo Socialista de Sevilla, se ordena al Ayuntamiento que entregue copia de las facturas y de los anexos en los que figuran los nombres de los monitores y coordinadores que prestan servicios en las empresas adjudicatarias de los talleres socioculturales de los distritos de 2011-2012; a la par que anula las once resoluciones de los once delegados de los distritos en las que se denegaba la citada información.
Así, Beltrán Pérez ha vuelto a defender que el gobierno local "encuentra amparo judicial" en ese fallo, al disiparse, en su opinión, "cualquier duda sobre la adecuación de dicha entrega a las leyes de protección de datos". El popular lamenta que el PSOE "saque pecho", toda vez que considera que la resolución "tumba su principal línea jurídica, que se refería a la inclusión 'a posteriori' de documentación en los expedientes".
Insiste en que la resolución de la jurisdicción contencioso-administrativa "alude de manera clara y reiterada a las facilidades de acceso que la oposición ha tenido al contenido íntegro de los expedientes cuantas veces lo solicitó".
El delegado ha vuelto a recordar que "las resoluciones denegatorias de fotocopias de los anexos de monitores y coordinadores se debieron a la petición expresa que hicieron las empresas adjudicatarias de los talleres socioculturales de que no se facilitasen los listados de trabajadores pertenecientes a sus plantillas. En ese momento, se estimó prudente, para evitar cualquier posible denuncia por vulneración de la ley de proyección de datos, desestimar la entrega de fotocopias aunque la información se mostró completa y cuantas veces lo solicitaron los miembros del PSOE. Por lo que la transparencia del Gobierno queda completamente a salvo".
Pérez ha señalado que "ese aval jurisdiccional, que lejos de perjudicar al Gobierno municipal le preserva de cualquier posible acción legal por el tratamiento de los datos, es recibido de manera positiva, puesto que ya aportó la copia de la información solicitada por el PSOE al juzgado hace más de siete meses, tiempo desde el cual el PSOE posee la información que hoy dice que se le niega. El Gobierno municipal está pues tranquilo por poder entregar la información, así que acata con mucho gusto la resolución y no planteará recurso".
Además, el delegado ha dejado claro que "puesto que la oposición ha tenido copia de los expedientes desde hace siete meses, cuando se enviaron más de 30.000 folios al juzgado contencioso-administrativo, la principal línea jurídica del PSOE, que era la de añadir los anexos en los expedientes en los que no figurasen, ha sido un manifiesto fracaso, al ser desestimada en la resolución. Porque en primer lugar la juez dice que los anexos de los trabajadores de los talleres no tienen por qué formar parte del expediente al igual que no están en los anexos los contratos de albañiles, guardias de seguridad o técnicos de sonido de los distintos contratos. La juez advierte de que sólo hay obligación de entregar copia del contenido de los expedientes, no de lo que el PSOE querría que constase en los expedientes para poder argumentar la teoría de la ocultación y la opacidad. El PSOE lo que ha intentado con esta acción judicial, ha sido 'rehacer' los expedientes y alterar el contenido original de los mismos, algo para lo que no va a encontrar connivencia en este Gobierno ni mucho menos debía buscarla en sede judicial, porque ha hecho el más estrepitoso de los ridículos".
Para Beltrán Pérez, "igualmente roza el ridículo la afirmación hecha por los concejales del PSOE de que esta resolución crea jurisprudencia, ya que en Primero de Derecho se enseña a los alumnos noveles que la jurisprudencia la crea sólo el Tribunal Supremo, por lo que deberían repasar los manuales de Derecho. Tanto es así, que en la propia resolución se advierte de que la obligación de entregar fotocopias se circunscribe únicamente a las facturas del curso 2011-2012 sin afectar a sucesivos contratos de talleres ni a ninguna otra contratación municipal, por lo que es evidente que en ningún caso puede sentar precedente".
Respecto al retraso en la puesta en marcha de los talleres del distrito Cerro-Amate, "el PSOE conoce perfectamente que se ha debido a meras dificultades económico-administrativas y que la factura a la que aluden es una factura que presentaba errores materiales y que se sustituyó por los funcionarios por la factura correcta, de 25.000 euros, por lo que crear alarma partiendo de presupuestos de hechos falsos es una auténtica irresponsabilidad".
Por último, Pérez ha comentado que "es fácilmente comprobable que todas las peticiones de acceso a la información de la oposición se resuelven antes de los cinco días que marca la ley y que se dan todo tipo de facilidades para ello. Llama la atención que al 90% de las vistas de expedientes ni siquiera se molesten los concejales en acudir personalmente a verlos, sino que envían a técnicos de su grupo municipal. Cuando no se conoce la información de primera mano se cometen muchos errores".
