Un profesor ha denunciado al colegio Calasancio Hijas de la Divina Pastora de Sanlúcar por una supuesta discriminación debido a su orientación sexual. La denuncia se fundamenta en la no renovación del contrato que el docente tenía con el centro escolar hasta el pasado mes de diciembre, fecha en la que se le comunica la no renovación por parte de la dirección del centro.
Se da la circunstancia de que el profesor denunciante, Vicente Ramírez, es también concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Sanlúcar. El profesor comenzó a trabajar en el colegio Divina Pastora en diciembre de 2008 con un contrato de relevo por jubilación parcial de otra maestra. Según sostiene, a la finalización de ese contrato en diciembre de 2012, se habría la posibilidad de que se incorporara a la plantilla como el resto de profesores. Sin embargo, en la demanda se recoge que no fue renovado por ser homosexual. En concreto, el escrito recoge que “con motivo de hacerse notoria y pública su orientación sexual”, la dirección del centro le informó que “dada la notoriedad de su condición sexual, no le podía garantizar su continuidad”. A finales del mes de noviembre, la directora del centro le comunicó finalmente que no sería renovado su contrato y argumentó esta decisión en que el docente no contaba con el título de inglés B-2.
Entre otras cosas, la demanda hace hincapié en que, si bien el docente no tenía el B-2, “otros profesores en su idéntica situación sin la reseñada titulación han visto renovados sus contratos, siendo locierto que el actor está preparando el grado Advanced, grado superior al B-2”. Durante los cinco años de trabajo en el centro, Vicente Ramírez fue coordinador de bilinguismo del colegio.
El caso ha provocado una gran polémica a nivel nacional, al tratarse de un posible caso de discriminación por orientación sexual y producirse, además, en centro escolar religioso concertado con la Junta de Andalucía.
CASO DE HOMOFOBIA
La Fundación Triángulo en Andalucía, de la que Ramírez fue delegado en la zona, ha salido en defensa del docente, señalando que se trata de un “caso burdamente claro de homofobia” y advirtiendo que el demandante posee pruebas “contundentes”. El presidente de la Fundación, Raúl González, ha asegurado que “el centro tiene la obligación de readmitir al profesor” y que, al tratarse de un centro concertado y sostenido con fondos públicos, la Junta de Andalucía “tiene también la obligación de actuar”.
En cuanto a los argumentos dados por el centro en cuanto a la no posesión del título B-2 de inglés para no renovar el contrato, desde la Fundación Triángulo consideran que “ha mantenido contratado durante muchos años a este profesor en el centro y sólo cuando ha comentado su orientación sexual ha sido apartado”. En este sentido,González ha pedido “una rápida respuesta que restablezca la dignidad ofendida del profesor”. Aunque no desvela las pruebas que presentará el docente para defender su postura, indica que éstas “desmontarían la teoría del centro, porque entre otras cosas ha sido el propio colegio el que en público y en privado ha destacado su profesionalidad”.
La Fundación Triángulo mantiene que se ha producido un doble agravio del colegio con el profesor, ya que “no sólo ha tenido que dejar su puesto de trabajo, sino que se ha falseado la realidad de cuáles han sido los motivos del despido”.
MOTIVOS PROFESIONALES
La directora del Colegio Calasancio Hijas de la Divina Pastora de Sanlúcar, María José de la Plata, asegura que la no renovación del docente que alega que el centro tomó la decisión porque era homosexual “se debió a criterios profesionales”.
De la Plata ha indicado que todo lo acontecido tras la no renovación del contrato de este profesor “resulta bastante desagradable”. En este sentido, ha explicado a los medios de comunicación lo sucedido en este caso. “Era un contrato de relevo y finalizó en diciembre, tras lo que se siguió un proceso de selección y no se le contrató en base a criterios profesionales; no hay mucho más que comentar”, ha señalado.
La directora del centro ha remitido a un comunicado que se expone en su página web, y en el que se informa que “ante la finalización del contrato de relevo de un trabajador en el centro, se procedió a valorar, como se hace habitualmente en los Centros Calasancios, su desarrollo profesional como docente, así como a analizar las necesidades educativo-pedagógicas actuales y futuras del centro”.
En la misma línea, se expone en el comunicado que “concluido ese proceso, y respetando en todo momento la legislación vigente, la entidad ha ejercido el derecho de no renovar el contrato, al considerar que el perfil pedagógico del profesor no se ajusta al proyecto educativo actual y futuro del centro”, argumenta la dirección del centro.
En este sentido, el comunicado recoge que “el centro en todo momento está procurando informar con transparencia y veracidad de los hechos acaecidos a la comunidad educativa afecta, y sigue estando abierto a un diálogo franco y sereno con las familias implicadas”.
El claustro de profesores y del personal de administración y servicios (PAS) del colegio también elevó un comunicado “sin ser coaccionados ni incitados por nadie”, colgado asimismo en la página web oficial del centro en el que sostienen que no apoyan “la actitud y forma de proceder” del docente que ha denunciado el caso “porque puede afectar a toda la comunidad educativa”.
Por otro lado, la patronal Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) ha reaccionado ante la denuncia del profesor del centro Divina Pastora de Sanlúcar señalando que el docente dio a conocer su condición sexual hace tres años y que, por tanto, no existe relación directa entre este hecho y su actual situación laboral.
Además, aseguran que “no ha habido ninguna discriminación”. Es más, desde la patronal señalan que “si esto fuese así, la decisión se habría tomado con anterioridad”, según la spalabras del secretario general de ECA, Carlos Ruiz, quien ha incidido en que a este profesor no se le ha despedido, siendo su situación la de cobertura contractual de una prejubilación con una finalización inicialmente prefijada. Así, explica, al terminar su etapa, la titularidad del centro es quien “elige a la persona que cree más conveniente, dentro de una convocatoria en la que, igual que puede entrar él, entran otros”, sostiene Ruiz. Además, desde la ECA hacen referencia a que el claustro de profesores y de personal de administración y servicios ha emitido una cirdular en la que se desmarca de la situación asegurando que no apoya las medidas llevadas a cabo por el docente.
