Los informes de la Agencia Tributaria (AEAT) que permitirán cerrar tras cuatro años de instrucción el sumario del caso 'Poniente' que investiga una presunta trama de corrupción política y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido (Almería) serán entregados al magistrado Jesús Miguel Hernández "antes de que finalice 2013" tras el análisis, por parte de los funcionarios de Inspección financiera con sede en Almería, de un terabyte de información en soporte digital y 200.000 folios de documentación intervenida.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes del organismo que han precisado que el equipo de auxilio judicial está "ultimando" las citadas periciales "definitivas" si bien desde la AEAT se han remitido ya "ocho informes de avance y conclusiones provisionales" al instructor de la macrocausa, que se judicializó en abril de 2009 y derivó seis meses después en la intervención del Consistorio ejidense y la detención de una veintena de personas.
El exalcalde del PAL Juan Enciso fue encarcelado durante más de ocho meses al igual que el exinterventor municipal José Alemán y los administradores de los grupos empresariales presuntamente implicados en la trama.
Desde la AEAT han trasladado que al expediente del caso 'Poniente', que derivó de investigaciones realizadas por la Unidad de Planificación y Control en torno a la empresa mixta de servicios municipales (Elsur), participada al 30 por ciento por una filial de Abengoa, y sus subcontratas, están asignados desde finales de 2009 "efectivos dirigidos por un inspector de Hacienda del Estado", que suponen una "porción muy relevante" de la plantilla de funcionarios, y han remarcado que no pudieron empezar a trabajar con la "ingente documentación intervenida y digitalizada" hasta el mes de "julio de 2012".
"Desde el comienzo los medios asignados han sido extraordinarios para la dotación de personal de la AEAT existente en Almería y el espíritu de colaboración se ha manifestado, además de en el volumen de medios humanos asignados, en la realización de tareas ajenas a su competencia como es el escaneado de la documentación, con el único objetivo de impulsar el avance del proceso penal", han señalado desde la AEAT.
Cabe recordar que vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en una reciente visita expresaron su "preocupación" por la demora en la instrucción del mayor caso de corrupción de la provincia y anunciaron que urgirían a la AEAT para que concluyese los peritajes que mantienen abierto el sumario y a los que achacaron las dilaciones en la apertura de juicio oral por parte del magistrado Jesús Miguel Hernández.
AL 90 POR CIENTO
Según los datos facilitados por el organismo, el juzgado concluyó la organización y el escaneado, con auxilio de la AEAT, de la documentación que fue intervenida en papel a finales de 2010. En total, "más de 500 archivadores con unas 400 páginas aproximadamente cada una".
Además de la documentación intervenida en papel, también se ha tenido que copiar y analizar, por parte del equipo de auxilio judicial de la AEAT, toda la información contenida en los soportes informáticos que fueron incautados. Se trata de casi 1,7 millones de archivos repartidos en 78 soportes informáticos diferentes.
De toda esta información ya se ha analizado, aproximadamente, el 90 por ciento, según la Agencia Tributaria, que ha remarcado que, previamente, tuvo que depurar más de un terabyte de información para, de este modo, eliminar los archivos de los sistemas operativos "que no tenían relevancia alguna para la investigación".
"Gracias a los esfuerzos de la AEAT pudo empezar a analizarse la documentación intervenida y se han emitido ocho informes de avance y conclusiones provisionales que han sido remitidos ya al juzgado mientras que las reuniones de coordinación de los funcionarios con la Fiscalía anticorrupción y con los tres magistrados que han dirigido la instrucción siempre han sido cordiales y fructíferas", ha concluido.
Los datos recogidos en la memoria de 2012 de la Fiscalía Superior de Andalucía revelan que el caso 'Poniente' acumula a más de sesenta personas imputadas, si bien llegaron a ser más de 80 personas, por diversos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, contra la Hacienda Pública, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.
Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, del que está al frente el juez Jesús Miguel Hernández, investiga a su vez, entre otros, el crimen de la bebe de Palma del Condado (Huelva), sobre el que se mantiene el secreto de las actuaciones desde el pasado mes de diciembre y por el que están imputados y en prisión Jonathan Moya y su amigo Raúl R.F.
El magistrado Hernández Columna se hizo cargo de la instrucción del caso 'Poniente' tras la marcha en septiembre de 2010 de la jueza Montserrat Peña, quien inició la investigación. Ocho meses después acordó liberar la totalidad del sumario al alzar el secreto de las piezas separadas sobre el exalcalde de El Ejido, Juan Enciso, el exinterventor municipal, José Alemán y la empresa 'Gestora Ejidense', administrada por Enciso y su mujer.
LARGA INSTRUCCIÓN
La operación, por la que se imputa a los alrededor de 80 implicados la comisión de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, estalló el 20 de octubre de 2009 con la intervención por parte de la Policía Nacional de las oficinas de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) y del Ayuntamiento de El Ejido, gobernado entonces por el PAL.
Se produjo así la detención de 20 personas entre las que se encontraban el propio Enciso, Alemán, y los empresarios José Amate, Juan Antonio Galán, Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón, además de sus entornos familiares.
El sumario, cuyo contenido mantuvo encarcelado durante ocho meses al exregidor, divide la presunta trama en seis clanes y el grupo Abengoa. De este se desprendía hasta el momento que las sociedades de los principales implicados facturaron de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), considerada eje, con subcontrataciones en su mayoría "irregulares" al menos 93,3 millones de euros entre los años 2002 y 2007.
Señala, asimismo, que estos constituían un "grupo criminal perfectamente organizado" que "detrajo" dinero de las arcas municipales a través de las citadas subcontrataciones con Elsur y extiende la investigación a una presunta trama de corrupción urbanística en torno a Desarrollo Urbanístico de El Ejido.
