El grupo municipal por San Pedro y Nueva Andalucía (OSP) ha presentado en el Juzgado de Instrucción de Marbella una querella criminal por un presunto delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal contra la Alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz Oriol, y los actuales directores generales de Participación Ciudadana y Deportes, Baldomero León Navarro y Federico Vallés Segarra
respectivamente.
OSP relata que el primer indicio que les puso en alerta fue una declaración de la propia Ángeles Muñoz en la que aseguraba a los medio de comunicación, tras la decisión del Tribunal Constitucional, que estos dos cargos no electos del Ayuntamiento seguirían en el organigrama municipal como cargos directivos, es decir, “incluso antes de crear estas plazas, la alcaldesa del municipio ya tenía asignada estos puestos”.
En la denuncia presentada se evidencia que estas contrataciones contravienen el Estatuto Básico del Empleado Público que en su artículo 13 exige que las convocatorias de plazas de personal directivo
garanticen “la publicidad y concurrencia” y que deberían haber sido anunciadas durante un mínimo de 15 días en el Boletín Oficial de la Provincia, sin embargo, el equipo de gobierno ha anunciado esta convocatoria “únicamente en un tablón de anuncios de la 2ª planta del Ayuntamiento al que no acceden ciudadanos y con un plazo de apenas 3 días”.
Además, OSP denuncia que estas contrataciones incumplen el plan de ajuste de los presupuestos de 2013 para el presente ejercicio del Ayuntamiento de Marbella, Otra de las irregularidades detectadas es que el puesto de Director General solo puede ser cubierto por personal funcionario, ademas añadenque “la competencia para crear las plazas de Director general y fijar sus retribuciones corresponde exclusivamente al Pleno”.
Por su parte, Carlos Rubio coordinador general de Hacienda y Personal, ha asegurado que el procedimiento de contratación de los directores generales de Deportes, Federico Vallés, y Participación Ciudadana, Baldomero León, “ha cumplido escrupulosamente los requisitos que marca la ley”.
Rubio ha asegurado en respuesta a la demanda presentada por Opción Sampedreña que “el procedimiento de contratación contó con la publicidad y la concurrencia que marca la ley y además las plazas ya existían porque se habían creado por la Junta de Gobierno Local”.
